Ramón Pérez Reyes
Santo Domingo

La Contraloría General de la República integró un equipo técnico para evaluar el informe preparado por la Cámara de Cuentas en relación a la auditoría realizada a la gestión que al frente de la  Oficina Metropolitana de Transporte (OMSA), encabezó el ingeniero Manuel Rivas.

El propósito es elaborar un documento de repuesta  a ese entidad, como lo establece el protocolo y luego darán un informe final a los medios de comunicación, según se explicó a Listín Diario.

El informe fue entregado a la Contraloría el pasado viernes.

Talleres de mecánica
Entre las irregularidades detectadas por la CC en la auditoría realizada a la OMSA se determinó duplicidad en el objeto de contratación de talleres externos para reparación de autobuses.

En uno de los casos, para la reparación de un autobús se le pagó un millón 259 mil 725 pesos a un taller y 24 días después fue contratado otro taller para la misma reparación, cuyo pago fue de dos millones 796 mil 187 pesos para un total de cuatro millones 55 mil 912 pesos.

De acuerdo con la investigación, en este último caso se determinó que diez meses y 22 días de la última reparación, ese autobús se encontraba   junto a otras 19 unidades de la OMSA, en un solar que funciona como taller en Hato Nuevo, Manoguayabo.

Uno de los casos es el del autobús Hyundai Aero City, KMJT18VP3C004592 para cuya reparación fue de dos millones 795 mil 951, el 22 de junio de 2015, a nombre de Venditio Line & Asociados, SRL. La OMSA recibió ese autobús rehabilitado el 21 de agosto de ese mismo año por ese proveedor  y cuatro meses y 27 días después contrató los servicios de otro taller para repararlo, sin que “se evidencie la ejecución de la garantía de reparación de seis meses por parte del proveedor Veditio Line & Asociados.

El suplidor Venditio Line & Asociados recibió los pagos mediante libramientos Números 2603 de septiembre 2015-2782 y 2689 de octubre de 2015 y el 346 de febrero de 2016. “La OMSA lo recibió rehabilitado en fecha 21 de agosto de 2015”, indica el informe al que LISTÍN DIARIO tuvo acceso.

Esas reparaciones tenían las especificaciones de rehabilitación completa del motor, sistema de transmisión (reparación completa), sistema eléctrico (reparación), desabolladura y pintura (reparación y tapicería completa), sistema de frenos (rehabilitación), sistema de neumático (reparación completa) y sistema de climatización.

Para ese mismo autobús se emitió la orden de servicio 380 y la autorización de salida número 873-16 de fecha 18 de marzo de 2016,  por el ingeniero Regil L. Herasme Díaz, gerente de Servicios de mantenimiento de la OMSA para rehabilitarlo en el taller Centro de Investigaciones y Proyectos (Cediprosa), cuatro meses y 27 días después de la primera reparación, que  especificaba que era para la instalación de un motor, prepara el sistema eléctrico completo, bomper delantero y trasero, reparación del sistema de frenos, reparación de interiores.

Los pagos de la OMSA
La OMSA efectuó pagos por más de 3,029 millones de pesos a 51 diferentes proveedores de bienes y servicios, sin tener un contrato que avalara la formalidad de dicha transacción, como lo establece el artículo 28 de la Ley 34-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

Estos gastos se realizaron en el período 2012-2013 y fueron autorizados por el entonces director de la OMSA, Manuel Rivas, y el exgerente financiero, Faustino Rosario Díaz.

Dentro de los 51 suplidores investigados en este periodo, las 10 compañías que recibieron mayor cantidad de dinero son Trans Diesel del Caribe, a la que se le otorgaron contratos por monto de 281 millones de pesos; Distribuidoras Internacional del Petróleo, 270 millones; Sunix Petroleum SRL, 268 millones; Tech Solution EKR SRL, 261 millones; Climosa Enterprise, 244 millones; Autozuma S.A.S, 211 millones; Dominican Energy and Services SA, 202 millones; Consorcio Pelícano S.A, 50 millones; Venditio Line & Asociados SRL, 121 millones; Josafap Inversiones SRL, 98 millones.

Estos procesos irregulares fueron demostrados por la auditoría que realizara la Camara de Cuentas por petición del procurador de la República, Jean Alain Rodríguez luego del asesinato de Ramírez, el 11 de octubre del 2017 en los alrededores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Un total de RD$145,564,199 fueron pagados por la OMSA a nueve empresas mediante los procedimientos de urgencias, según reveló la auditoría. Los beneficios señalan a Eddy Santana Zorrilla, el empresario señalado en el tramado de corrupción que dirigía Manuel Rivas.

El documento revela que de esos 145 millones, 57,799,093 pesos fueron adjudicados a las compañías Tech solution E.K.R, SRL y Grupo Martisdom, SRL, que son propiedad del señor Eddy Santana Zorrilla, acusado de sobornar a Yuniol, y de su sobrina Rosary Margarita Hernández Santana, como consta en los certificados de las mismas en el Registro Mercantil.

El resto del monto fue dividido entre las empresas C&S Comercial, CxA, contratado por el monto de 46,213,657 pesos; Lubricantes Diversos SRL (Ludisa), por 18,126,830 pesos; Grupo Eléctrico Herrera J A y SRL, por RD$1,553,470 ; Btj High Tecnology SRL, RD$2,753,058; Ventosa Group SRL, por RD$5,473,772; Elgi-Tex SRL, por RD$6,782,851; Ixpark Business SRL, por RD$6,771,468.

El entonces director de la OMSA, Manuel Rivas, solicitó las compras de urgencias mediante la resolución no. OMSA-DG-002-2017, el 25 de enero del año pasado, para la adquisición de equipos especiales para dotar el taller central del organismo.

Contratos a empresas
Las empresas participantes para adjudicarse ese proceso de urgencia fueron Last Minute Solutions LMS, SRL; Distribuidora Agrícola y Pecuaria S&A SRL; Tech Solutions y Grupo Martisdom, resultando ganadoras del proceso, las últimas dos.

Las declaraciones de emergencias fueron presentadas en el informe técnico parcial presentado por los señores Nelson Mejía, gerente administrativo; Faustino Rosario, gerente financiero, quien también cumple prisión preventiva por el caso Yuniol, y Regil Herasme, gerente de servicios y mantenimiento.

La contratación oficial de las compañías se realizaron mediante el acta del 23 de febrero del 2017, firmada por los miembros del comité de compras y concentraciones, Pedro Messon, en representación del entonces director, Daniel Ruiz en representación del gerente administrativo, William Hernández, consultor jurídico de la comisión y Rosa María Cruz, responsable del acceso a la información.

La auditoría comenzó luego de que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, la solicitara a la Cámara de Cuentas cinco días después que se hallara el cadáver de Yuniol Ramírez, quien había denunciado irregularidades en la administración de Rivas.

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