En un contexto donde la inseguridad se erige como uno de los desafíos más apremiantes para la sociedad dominicana, un grupo destacado de juristas nacionales e internacionales ha planteado una crítica constructiva a las políticas actuales de control del delito. Durante el reciente VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, realizado con el objetivo de reflexionar sobre el estado de nuestro sistema judicial, se hizo evidente que las estrategias convencionales de “mano dura” y la acumulación masiva de sentencias privativas de libertad no están logrando el impacto esperable en la reducción de la delincuencia.
El fracaso del populismo penal
La ponencia central, sustentada por expertos de reconocidas facultades de derecho, apuntó que el denominado “populismo penal” —tendencia que busca obtener apoyo electoral mediante medidas punitivas severas— carece de bases científicas y jurídicas sólidas. El aumento indiscriminado de las penas y la expansión del uso de la prisión preventiva han terminado por saturar los centros penitenciarios, un factor que lejos de disuadir, a menudo genera condiciones propicias para el reclutamiento de jóvenes vulnerables y el fortalecimiento de estructuras criminales organizadas dentro de las prisiones.
Más allá de la retórica punitiva, los especialistas coincidieron en que la verdadera solución reside en la prevención integral. Esto implica invertir recursos significativos en educación comunitaria, oportunidades laborales para jóvenes y reformas estructurales que garanticen el debido proceso. Ignorar estas dimensiones a favor de simples medidas represivas no solo es ineficaz, sino que pone en riesgo las garantías fundamentales de los ciudadanos. Ante la realidad del país, la respuesta al crimen debe ser inteligente, preventiva y respetuosa del Estado de Derecho, evitando caer en soluciones simplistas que debilitan la institucionalidad democrática.
Pieza editorial original inspirada en información reportada públicamente. Fuente de referencia: ver enlace.