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Santo Domingo.-La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), apoyó los datos servidos por el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde se resalta la brutalidad policial, el uso indiscriminado de la fuerza y la persistencia de una grave corrupción en el Gobierno.

Además los escollos y limitaciones para la libertad de expresión y duras críticas a la Dirección General de Migración (DGMM) por su accionar violatorio a las leyes, entre otros aspectos en el informe sobre el desempeño del país en materia de derechos humanos, durante el pasado año 2021.

El presidente de FJT, Trajano Potentini, pidió al Gobierno dominicano reflexionar sobre el informe, al tiempo de implementar políticas públicas, a corto plazo para atenuar los males que refiere el informe de los Estados Unidos, además porque coloca en una posición de desventajas en la recepción igualitaria de Tratados internacionales de Libre Comercio, frente a los demás países suscribientes, quienes podrán objetarnos los productos objeto de intercambio comercial en condiciones igualitarias, bajo el alegato del incumplimiento de estándares internacionales, fundamentalmente en materia de combate a la corrupción y protección a los derechos humanos.

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La entidad no gubernamental lamentó que sigue percibiéndose como un grave y generalizado problema el tema de la corrupción a lo interno del Gobierno dominicano, todo ello contrastando con válidos esfuerzos, que se le reconocen a la actual Administración del presidente Luis Abinader.

Defensor del pueblo

Por otro lado, la FJT lamentó el atropello que protagonizaron agentes de la Digesett contra el defensor del pueblo, Pablo Ulloa y la prensa en el Canódromo, que certifica de objetividad el informe EEUU.

Para Justicia y Transparencia el reciente atropello al defensor del pueblo y a la prensa dominicana, por parte de la Dirección Gene¬ral de Seguridad Tránsito y Transporte Terrestre (Dige¬sett), se evidencia la poca profesionalización de los policías, además del poco tacto y prudencia, frente al accionar de un órgano constitucional legítimo y en capacidad de inspeccionar el desempeño, de cualquier autoridad dominicana, en defensa de la institucionalidad y sobre todo de los derechos fundamentales de los dominicanos.

Sin dudas que también constituye una vergüenza internacional para el país, el vejamen de que ha sido objeto el Defensor del Pueblo y una fiel certificación de los revelado en el informe del gobierno norteamericano, sobre la cultura violenta y el maltrato a que son sometido los dominicanos por parte de los cuerpos amados, violadores por demás de los más elementales derechos humanos de los ciudadanos dominicanos.

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