La presentación de acusaciones contra exfuncionarios imputados de depredar el erario ha sentado un precedente en la historia jurídica del país, marcando un antes y un después en la lucha contra la corrupción. 

 

Los gobiernos siempre han invocado, teóricamente, el combate a la corrupción, pero por primera vez se observa a un ministerio público revestido de poder independiente, que actúa sin cortapisas ni temor. 

 

En distintas ocasiones, amplios sectores de la sociedad dominicana, especialmente la Iglesia, denunciaron este flagelo y reclamaron castigo para los corruptos, el fin de la impunidad y un ejercicio pulcro de los jueces. 

 

En los últimos días hemos observado que el brazo firme del ministerio público que personifican Miriam Germán Brito, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, escarba con incisiva disposición en oscuras maniobras que se perpetraron en perjuicio del Estado. 

 

Sus acusaciones, sus argumentos y sus elementos probatorios llevados ante los jueces de los indicios han ido trascendiendo a la opinión pública.

Ahora la ciudadanía está pendiente de que, siguiendo el debido proceso y respetando la presunción de inocencia, los tribunales impartan justicia. 

 

Mientras se confrontan las acusaciones con la defensa, al ministerio público hay que reconocerle que actúa con independencia y toca con su mallete en portones que antes se percibían, o en realidad eran, intocables.

 

Corresponde a los jueces mostrar a la sociedad que la justicia dominicana se apega a la ley y al derecho, sin temor y sin prejuicios.