Irregularidad fiscal expone vulnerabilidades en la protección social
El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) enfrenta un escándalo administrativo que pone en tela de juicio la transparencia y el rigor en la gestión de sus programas sociales. Según los hallazgos de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, durante el ejercicio fiscal 2024, este organismo mantuvo registrados como beneficiarios del programa Familias de Cariño a un grupo de individuos que no cumplían con los requisitos básicos de vulnerabilidad.
La irregularidad es particularmente grave dado que entre los identificados se encontraban por lo menos 15 servidores públicos. Estos funcionarios, al momento de ser beneficiarios del programa, recibían salarios mensuales provenientes de otras instituciones estatales que oscilaban hasta los 200,000 pesos dominicanos. La inclusión de personas con ingresos altos en una iniciativa diseñada específicamente para adultos mayores en situación de pobreza o vulnerabilidad social representa un mal uso de recursos públicos y una fractura en la confianza ciudadana hacia las políticas sociales.
La necesidad de rigor en el control fiscal
Este caso no es aislado, sino que ilustra falencias estructurales en los mecanismos de verificación y control interno. El propósito del programa Familias de Cariño es brindar atención integral a quienes más lo necesitan, aquellos que carecen de redes de apoyo económico o familiar. Permitir que un empleado público con un ingreso superior al promedio nacional accediera a beneficios destinados a la pobreza sistemática distorsiona la asignación de recursos y desvía fondos que podrían estar resolviendo necesidades críticas de otros sectores de la población.
La Contraloría General de la República ha identificado esta situación como una irregularidad significativa, lo que implica que existieron fallas en los procesos de selección y validación de beneficiarios. En un contexto donde el Estado Dominicano busca fortalecer su gobernanza y combatir la corrupción, casos como este sirven como recordatorio de la importancia de aplicar auditorías rigurosas y sancionar con celeridad a quienes gestionan fondos públicos sin observar las normas establecidas.
Desde una perspectiva institucional, esta situación exige una revisión inmediata de los protocolos de inclusión en programas sociales. Es imperativo establecer filtros más estrictos que garanticen que solo sean atendidos aquellos adultos mayores que realmente carecen de recursos. Asimismo, se debe analizar la responsabilidad de las instituciones públicas cuyos empleados percibían altos salarios mientras figuraban como beneficiarios, pues ello sugiere una falta de coordinación entre diferentes entidades del sector público.
La sociedad dominicana ha visto con creciente preocupación cómo los programas sociales son objeto de escrutinio, especialmente cuando se evidencia que no llegan a quienes más lo requieren. Este hallazgo refuerza la necesidad de transparencia en la administración pública y de un compromiso inquebrantable con el principio de equidad. Solo mediante la implementación de controles más sólidos y la rendición de cuentas efectiva se podrá recuperar la credibilidad de las políticas públicas y asegurar que recursos valiosos no sean desperdiciados en situaciones que contradicen su esencia humanitaria.
Pieza editorial original inspirada en información reportada públicamente. Fuente de referencia: ver enlace.