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Sin mencionar el incidente surgido con el anuncio inconsulto de Canadá de que instalaría en República Dominicana una oficina para proveer asistencia a la Policía Nacional de Haití, ambos gobiernos emitieron ayer un comunicado en el que declaran que mantienen sólidas relaciones bilaterales.
Esa historia de desavenencia por tan insólito caso ha tenido un final feliz, aunque nunca se sabrá por qué la canciller canadiense formuló tal anuncio sin tener previa constancia del consentimiento dominicano, y también queda por saber si desde aquí se ofrecieron motivos parecidos a la aquiescencia.
En esa declaración se proclama que Santo Domingo y Ottawa son “socios de larga data, incluso en asuntos de seguridad nacional”, razón por la cual, el presidente Luis Abinader y el primer ministro Justin Trudeau se comprometieron a fortalecer su cooperación para ayudar a abordar la crisis de Haití.
Hasta la redacción de ese escrito, en esta tierra insular se ignoraba el caudal de coincidencia entre Canadá y República Dominicana en torno a las alternativas de abordaje del drama haitiano, quizás porque Trudeau no lo había socializado en los diferentes foros donde se ha tratado el tema.
Alegra saber que Canadá reconoce que restablecer la estabilidad en Haití reduciría “la carga desproporcionada” sobre su “único vecino terrestre”, incluido “las tensiones sociales y la presión presupuestaria que se generan en los servicios sociales dominicanos”.
Por lo que se dice en ese comunicado, el gobierno canadiense ha podido asimilar un reiterado planteamiento dominicano de que la crisis en Haití requiere de una mayor cooperación internacional para el desarrollo, asistencia humanitaria y seguridad.
También, la parte dominicana acogió el criterio canadiense de que Haití requiere fortalecer sus capacidades mediante provisión de equipos, asistencia técnica y entrenamiento, un tipo de asistencia que no puede ser coordinado ni canalizado desde territorio dominicano.
En el documento se reconoce que ya existe una Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití, por lo que sería innecesario instalar una similar en el lado este de la isla, como pretendía el gobierno canadiense, más aun si se admite que el gobierno nacional ha facilitado a Haití accesos a bienes estratégicos y apoyado la seguridad del personal diplomático en ese país. ¿Un final feliz?
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