El exprocurador Gregory Castellanos Ruano depositó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), una reiteración de su denuncia contra el presidente del Colegio de Abogados (CARD) y otras personas.

Castellanos Ruano acusa a Miguel Surun Hernández, Elsa Alvarado, Abraham Ortiz Cotes y otros, de desfalco, prevaricación, corrupción y malversación de fondos en el Colegio en su gestión al frente de esa entidad.

Aseguró que Surun Hernández malversó 119 millones de pesos para comprarse cinco terrenos o propiedades inmobiliarias en la provincia La Altagracia (Higüey) y que “hasta tiene una compañía ‘offshore’ en el paraíso fiscal de Panamá”.

“Solicitamos a la Pepca que active la investigación por el desfalco sistemático de los fondos del Colegio de Abogados que durante su gestión ahí ha cometido el Dr. Miguel Alberto Surun Hernández”, expresó.

Refiere que el presidente del CARD se niega a ser auditado por la Cámara de Cuentas, que es la entidad facultada constitucional y legalmente para auditar el uso de fondos públicos. Precisó que el grueso de los ingresos al Colegio de Abogados proviene del pago de impuestos que tienen que pagar los ciudadanos dominicanos para acceder a la Justicia a reclamar sus derechos.

Deploró que ese enriquecimiento ilícito de Surun Hernández ocurra mientras los abogados carecen de seguridad social, de cooperativa, de centros de recreación y demás servicios como sí los tienen otros sectores organizados del país.

“Mientras el Dr. Miguel Surun Hernández se ha enriquecido, se ha multimillonarizado ilícitamente como presidente del Colegio de Abogados, la inmensa mayoría de los abogados se mueve en el hoyo de la pobreza. Surun se ha apropiado de cuantiosos fondos del Colegio de Abogados y los ha distraído para su beneficio personal”, indicó.

Planteó que Surun Hernández y los demás implicados han cometido varios crímenes y delitos ante la negativa de dejarse auditar.

Citó que violaron varios artículos del Código Procesal Penal. También de otras normativas y leyes, tales cuales la del Colegio de Abogados; Cámara de Cuentas de la República Dominicana; Función Pública; y la ley sobre Compras y Contrataciones.