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El presidente Gerald R. Ford hizo el intento de juzgar a funcionarios  de pasadas administraciones de Estados Unidos implicados en el complot que resultó con la muerte de Rafael Leonidas Trujillo Molina.

Tras el informe final de la investigación  de la comisión Rockefeller, que determinó que “hubo un nivel impropio” de participación de Estados Unidos en la muerte de  Trujillo, Ford ordenó que el mismo fuera enviado al Departamento de Justicia  para conocimiento y fines de lugar.

Un memorándum, firmado por el presidente Ford y dirigido al Departamento de Justicia dice: “Por la presente, le solicito que revise todos estos materiales lo antes posible y tome las medidas que considere necesarias como resultado de su investigación”, según publica  The New York Times, en nota periodística del 12 de junio de 1975.

Lo que no se pudo establecer es si esa violación de la ley de los Estados Unidos estaba dentro del plazo de prescripción.

Pero, sí se pudo determinar que existía una clara prohibición federal contra tal complot dirigido contra Trujillo, porque  República Dominicana era una “nación amiga” en 1961.

Según el Código Penal de los Estados Unidos, es un acto ilegal para cualquier persona dentro de esa nación si “a sabiendas comienza o pone un pie o propulsa o prepara un medio para  proporcionar el dinero para  participar en cualquier expedición o empresa militar o naval desde allí contra el territorio o dominio de cualquier príncipe o estado extranjero, o de cualquier colonia, distrito o pueblo con quien  Estados Unidos esté en paz”.

El cargo  es un delito grave punible con una multa (para la época)  de $3,000  dólares o prisión por no más de tres años o ambas penas a la vez. Aunque el plazo de prescripción puede haber expirado en este cargo, una conspiración para cometer el acto puede haber continuado mucho después de la muerte real de Trujillo.

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Trujillo fue asesinado el 30 de mayo de 1961, hoy hace 63 años, en una emboscada en la antigua carretera que conducía  desde Ciudad Trujillo a  San Cristóbal. Su muerte puso fin a un gobierno de  31 años.

El 12 de junio de 1974,  The New York Times hizo una denuncia de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) aportó “apoyo material” a un grupo de dominicanos que asesinó  a Rafael Trujillo Molina, el 30 de mayo de 1961.

Ante tal denuncia, el presidente estadounidense Gerard Ford creó una comisión investigadora, que  encabezó el entonces vicepresidente estadounidense Nelson Rockefeller.

El propósito de la comisión fue para que determinara si alguna actividad de la CIA excedía la autoridad legal de la Agencia y para que hiciera las recomendaciones apropiadas.  Este comité fue  designado ante la presión mediática de The New York Times.

  La comisión emitió un informe único el 4 de enero de 1975, tocando en ciertos abusos de la CIA, incluida la apertura de correo y la vigilancia interna de los grupos disidentes.

Conclusión informe

Según el informe, la Comisión está de acuerdo con la posición adoptada en la declaración de política: “Hemos concluido que hubo un nivel impropio de participación estadounidense en la muerte del generalísimo Trujillo. Eso es así, aunque los asesinos podrían haber conseguido armas equivalentes de otras fuentes. También concluimos que, a pesar de la aparente buena fe de las personas involucradas, hubo una consideración inadecuada de los riesgos de tal participación y una supervisión y coordinación inadecuadas de la operación”.

“Recomendamos que, en el futuro, las armas se suministren a los conspiradores de un golpe o una revolución solo en las circunstancias más raras, si es que se entregan. Al aprobar tales actividades, la autoridad aprobatoria debe considerar cuidadosamente el daño potencial a las relaciones exteriores de la nación y los sentimientos del pueblo estadounidense si tales actividades llegan a conocerse. A nuestro juicio, la eventual divulgación es inevitable”.

“Los procedimientos de la CIA deben modificarse para requerir el consentimiento del Departamento de Estado antes de que las armas, municiones, explosivos y artículos similares sean transmitidos por valija diplomática. Las obligaciones de los tratados de los EE. UU., incluidas en particular las de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, deben observarse y cumplirse de buena fe”.

Un documento  de la CIA preparado para este el informe declaró que los tres revólveres y las tres carabinas habían sido entregados a los disidentes para su uso en defensa personal “en respuesta a sus esfuerzos proyectados para neutralizar a Trujillo”. El informe implicaba que tanto los revólveres como las municiones habían estado en el consulado con las carabinas, por lo que técnicamente no aplicaban las limitaciones a la autorización del Grupo Especial.

“El presidente Ford ha anunciado con firmeza que el asesinato no es y nunca debe ser una herramienta de la política de  Estados Unidos”.

El oficial de enlace de la CIA en el Departamento de Estado llamó la atención de sus superiores sobre el hecho de que las armas ya se habían pasado y aparentemente presentó un memorando explicando las razones por las que Estados Unidos no debería involucrarse en esta actividad. Entre ellos estaban que el gobierno no debería prestarse al asesinato político directo, que la postura moral de  Estados Unidos no podía permitirse más empañamiento a los ojos del mundo, que los Estados Unidos habrían alentado la acción, proporcionado las armas, efectuó la entrega y luego entregó solo la ejecución final a tiradores locales (no calificados), y que Estados Unidos no podía permitirse un precedente que pudiera convencer al mundo de que nuestras valijas diplomáticas se utilizan para entregar armas de asesinato.

La comisión se suma a esta declaración. Es contrario a los principios constitucionales y morales que defiende esta república que haya participación directa o indirecta de cualquier agencia del Gobierno de  Estados Unidos en cualquier plan que involucre el asesinato de cualquier persona en tiempos de paz.