El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, reveló que el 44 % del presupuesto familiar se gasta en medicamentos y trámites de salud, servicio esencial que junto a las pensiones representan los derechos fundamentales más vulnerados en República Dominicana.

En los sectores de mayor pobreza, el gasto en salud alcanza el 50 % del salario, incluido adquisición de medicamentos, transporte, consulta y copago, por lo que Ulloa cree que urge modificar la ley 87-01 para garantizar el derecho a la asistencia hospitalaria y a una pensión digna.

De lo que habla el Defensor del Pueblo es de reforma a la Seguridad Social que envuelve el régimen de salud y el sistema pensional, tan urgentes e importantes como la reforma tributaria y la modificación constitucional, pero de la que se habla poco, pese a que esas falencias subyugan a la población.

Es mucho lo que se habla de una eventual reforma fiscal, en tanto que el presidente Luis Abinader adelantó que el 16 de agosto sometería el proyecto de reforma constitucional, pero esta es la hora y el día cuando aun desde esferas oficiales nada se dice sobre la tan necesaria reforma de la Seguridad Social.
Se considera muy útil y oportuna la convocatoria que ha hecho la oficina del Defensor del Pueblo al Segundo Congreso Bienal: Derecho a la Salud y Seguridad Social, al que asisten representantes de los diversos sectores que inciden en la prestación de servicios de salud y en la administración de fondos de pensiones.

El orden establecido por el presidente Abinader sitúa la modificación de la Carta Magna en primer término, tras la cual se abordarían las reformas fiscal, laboral y de la Seguridad Social, lo que podría justificarse porque la nueva fiscalidad financiaría una eventual reingeniería en los servicios de salud y fondos de pensiones.

Con el 44 % de los ingresos familiares comprometidos en gastos de salud, la canasta básica alimentaria se torna inalcanzable, y la pobreza se entroniza en una población enferma a la que se le niega derecho a acceder plenamente a los servicios hospitalarios y a la provisión adecuada de medicamentos.

Se aconseja al Gobierno, clase política y empresariado incluir la reforma a la seguridad social entre los temas de urgencia nacional, al mismo nivel que la reforma constitucional, fiscal y laboral, porque negar derecho a la salud y a pensión digna es lo mismo que despojar de espoleta a una granada social.