Durante el cuatrienio que finalizará el  16 de agosto el oficialismo sometió cuatro proyectos de ley al Congreso Nacional que atacaban la libertad de expresión, consignada en el artículo 49 de la Constitución de la República. Los proyectos fueron ampliamente censurados y rechazados por la sociedad y finalmente tres de ellos perimieron en las cámaras legislativas.

De las iniciativas dos fueron sometidas por el Poder Ejecutivo y los dos restantes por una senadora y un diputado del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM).

De los proyectos, solo sobrevivió la cuestionada Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que obliga a los ciudadanos a entregar cualquier información sin la orden de un juez.

Otros proyectos fueron el que Regulaba el Ejercicio del Derecho a la Intimidad, el Honor, el Buen Nombre y la Propia Imagen, apodada ley mordaza; el de Ciberseguridad  y el de Publicidad Estatal.

En el caso de la nueva Ley 1-24, que crea la DNI, este fue el único proyecto que llegó a convertirse en ley a pesar de todas las críticas que recibió de los partidos de oposición, la Sociedad Dominicana de Diarios y de los medios de comunicación en sentido general. Esta ley fue promulgada por el Poder ejecutivo el 16 de enero de este año.

En cuanto al proyecto de ley de Derecho a la Intimidad, el Honor, el Buen Nombre sometido en mayo del 2022 por la senadora del PRM por Bahoruco Melania Salvador  criticado por distintos sectores finalmente perimió en la Cámara de Diputados por falta de informe.

También perimieron  el de Ciberseguridad, autoría del Poder Ejecutivo, establecía prisión de hasta 5 años para quienes violaran sus disposiciones, lo que provocó alarma, en distintos sectores, principalmente en los medios de comunicación y la sociedad Dominicana de Diarios. Este proyecto fue luego reintroducido  por la senadora Faride Raful, pero no ha llegado a ser ley. También perimió el de Publicidad Estatal, del diputado Eugenio Cedeño, representante del PRM por La Romana.