En el ámbito de la gestión energética nacional, el Gobierno de República Dominicana ha establecido una proyección estratégica con miras a los años 2027 y 2028. Según informó Listín Diario, la administración pública proyecta reducir las pérdidas de energía en las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) hasta en cinco puntos porcentuales durante este periodo. Este objetivo no es meramente estadístico; representa una línea base fundamental para la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional y para la competitividad económica del país a largo plazo.
El contexto de las pérdidas eléctricas en el Caribe
Para comprender la magnitud de esta proyección, es necesario revisar brevemente cómo funciona el sistema eléctrico dominicano. Actualmente, el sector se rige por un modelo de concesión donde el Estado otorga permisos a empresas privadas para distribuir electricidad en zonas geográficas específicas. A cambio, estas empresas reciben tarifas reguladas y deben garantizar el suministro. Sin embargo, una parte significativa de la energía generada no llega finalmente al consumidor final. Esta discrepancia se conoce técnicamente como ‘pérdidas’.
Estas pérdidas se dividen principalmente en dos categorías: las técnicas y las comerciales (o no técnicas). Las pérdidas técnicas son inevitables en cierta medida debido a la resistencia de los cables, el calor generado durante la transmisión y la distancia que recorre la corriente hasta llegar a un hogar o fábrica. No obstante, con una red moderna y bien mantenida, estas pérdidas pueden minimizarse significativamente. Por otro lado, las pérdidas comerciales suelen ser más preocupantes porque no implican un desgaste físico del cableado, sino robos de energía (conocidos localmente como ‘clandestinismo’) o errores en la facturación.
En República Dominicana, históricamente, el ratio de pérdidas ha sido superior al promedio regional y global. Factores como la extensión de la red que abarca zonas rurales dispersas, la antigüedad de algunas infraestructuras y, lamentablemente, prácticas de desconexiones ilegales han contribuido a este escenario. Reducir estas cifras es crítico porque, desde una perspectiva económica básica, cada kilovatio-hora (kWh) que se pierde es dinero público o privado que no genera valor productivo. Es energía desperdiciada que debía haber alimentado industrias, comercios o residencias.
La importancia de la meta del 5%: Análisis e impacto
¿Por qué importa que el Gobierno reduzca estas pérdidas en cinco puntos porcentuales? La respuesta radica en la relación directa entre la eficiencia energética y el costo de vida. En un país donde el precio de la energía es uno de los insumos más costosos para las empresas, una mejora en la eficiencia se traduce en precios finales más estables o menores aumentos tarifarios para el usuario residencial. Si menos energía se pierde en el trayecto, significa que no es necesario generarla de más, lo cual también protege al medio ambiente y a los recursos hídricos usados en las hidroeléctricas, como la de Yamasá.
Además, una red con menores pérdidas suele indicar un mantenimiento preventivo adecuado. Esto reduce el riesgo de apagones masivos o fallas catastróficas que podrían paralizar el turismo y la economía local. A nuestro juicio, alcanzar esta meta requerirá una combinación de tecnología avanzada para detectar fugas automáticas y una estricta fiscalización contra el consumo no autorizado. La aplicación de leyes existentes sobre penalidades por robo de energía será crucial para disuadir estas prácticas ilegales.
El proyecto del Gobierno afecta a múltiples actores. Las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) verán alterada su estructura de costos y, potencialmente, sus márgenes de beneficio si se les exige mayor eficiencia sin compensaciones adecuadas. El sector industrial dominicano, que consume grandes volúmenes de electricidad, será uno de los principales beneficiarios, ya que la estabilidad del suministro reduce los riesgos operativos. Asimismo, los consumidores residenciales sentirán el impacto en su factura mensual, aunque idealmente debería verse reflejado en una mayor previsibilidad del gasto.
Desafíos pendientes y próximos pasos
Cabe preguntarse si es realista alcanzar esta reducción de cinco puntos porcentuales. El sector energético enfrenta desafíos complejos: la necesidad de invertir miles de millones de dólares para modernizar la red nacional, la recuperación de deuda acumulada por años de ineficiencia y la capacitación del personal técnico para manejar nuevas tecnologías de detección de pérdidas. La falta de información detallada sobre los planes específicos de inversión o las alianzas estratégicas con el sector privado para lograr este objetivo no se ha hecho pública en detalle hasta el momento, lo cual genera cierta cautela respecto a la viabilidad operativa.
Es fundamental que la transición hacia estas nuevas metas vaya acompañada de transparencia. El público y los inversores necesitan saber cómo se financiará esta reducción de pérdidas. ¿Se invertirá con recursos fiscales? ¿O se buscarán mecanismos de recaudación más eficientes para cruzar el déficit fiscal del sector eléctrico sin lastimar a la economía real? Estas son preguntas abiertas que deben ser respondidas por las autoridades competentes, como el Ministerio de Industria, Comercio y MYPE o el Consejo Administrativo de Regulación Energética (CARE).
La reducción de pérdidas eléctricas es un faro de modernización para República Dominicana. Al igual que otros países de la región han logrado disminuir sus ratios de ineficiencia mediante reformas estructurales, el camino no está exento de obstáculos. Sin embargo, el compromiso del Gobierno con esta cifra proyectada para 2028-2028 marca un punto de inflexión potencial. Si se logra, sentará las bases para atraer más inversión extranjera directa en el sector energético y mejorar la calidad de vida de los dominicanos. El éxito dependerá, en última instancia, de la voluntad política de mantener la presión sobre las empresas distribuidoras y de la colaboración ciudadana para erradicar cualquier forma de desvío ilegal de energía.
En conclusión, mientras el Gobierno trabaja en estas proyecciones, es vital que se establezcan cronogramas claros y mecanismos de supervisión independientes. La energía es un derecho y un bien económico; garantizar que llegue eficientemente a quienes la necesitan es tarea de toda la sociedad dominicana.

