Una crisis de gobernabilidad en el transporte público
Santo Domingo, D.N. — Una reciente auditoría ejecutada por la Contraloría General de la República (CGR) ha puesto sobre la mesa un cuadro alarmante de irregularidades que azotan a la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA). El informe detallado, que cubre el período comprendido entre el 16 de agosto de 2020 y el 30 de junio de 2024, no solo confirma la existencia de múltiples fallas administrativas, sino que arroja cifras que ponen en jaque la transparencia institucional.
El hallazgo más trascendental reside en las diferencias contables masivas. Se registró una disparidad de 204.9 millones entre el inventario físico y los registros oficiales, mientras que se constataron desembolsos por valor de 47.5 millones destinados a viáticos sin sustento adecuado. Estas cifras no son meros errores aritméticos, sino indicadores claros de un debilitamiento del control interno y una posible erosión del patrimonio estatal.
Además de las anomalías patrimoniales, la auditoría señala que en la OMSA se han detectado inconsistencias en las nóminas y en la gestión contractual. Para el ciudadano dominicano que depende de este servicio para su movilidad diaria, esto representa un riesgo directo: los recursos públicos destinados a mantener una flota digna podrían estar siendo desviados o mal gestionados. La responsabilidad de esta entidad recae no solo en sus directivos, sino también en la supervisión del gobierno y la sociedad civil, quienes deben exigir rendición de cuentas inmediata para evitar que estas irregularidades se perpetúen.
Pieza editorial original inspirada en información reportada públicamente. Fuente de referencia: ver enlace.