En el marco de las recientes alocuciones realizadas en el Palacio Nacional, se ha puesto sobre la mesa una problemática estructural que afecta directamente la credibilidad e institucionalidad del Poder Judicial de la República Dominicana. Un aspirante a formar parte de la Corte Suprema de Justicia (SCJ) ha emitido un severo llamado de atención respecto a los descuidos observados en el tratamiento de las denuncias por acoso laboral y sexual que ocurren dentro de los órganos judiciales. Esta manifestación no es solo un comentario aislado, sino una señal de alerta sobre la vulnerabilidad de los servidores públicos ante prácticas abusivas que deben ser erradicadas con celeridad.
La trilogía del acoso en las salas de justicia
Según expresó el funcionario durante su discurso, la realidad actual en los distintos órganos judiciales no se reduce a un tipo de vulneración, sino que abarca una compleja tríada de dinámicas de poder. Se han identificado tres modalidades específicas de acoso laboral que operan simultáneamente: vertical-descendente, vertical-ascendiente y horizontal. Esta clasificación es crucial porque desmonta la idea infundada de que el abuso en la función pública solo proviene de superiores jerárquicos hacia subordinados.
El primer tipo, el acoso vertical-descendente, alude a aquella situación donde un cargo de mayor jerarquía ejerce presión, intimidación o hostigamiento sobre su subalterno, aprovechando la asimetría de poder inherente a la estructura organizacional. Por otro lado, el acoso vertical-ascendiente representa una realidad más sutil pero igualmente dañina, donde las personas de menor rango son víctimas de presiones ilegítimas por parte de sus jefaturas, generando un clima de temor constante y afectando severamente la productividad y el bienestar psicológico del empleado.
No menos preocupante es la existencia del acoso horizontal, donde colegas o pares dentro de la misma unidad o sala judicial se convierten en agentes hostiles entre sí. Este fenómeno, a menudo subestimado, rompe la solidaridad necesaria para el ejercicio de las funciones judiciales y puede derivar en un aislamiento profesional que compromete la imparcialidad esperada en los tribunales.
Impacto en la gobernanza judicial
La presencia de estas conductas dentro del Poder Judicial tiene repercusiones inmediatas en la percepción ciudadana sobre el Estado. Cuando se sabe que las mismas personas encargadas de administrar justicia pueden ser víctimas o cómplices de acoso, se erosiona la confianza pública. En un país donde la seguridad jurídica es fundamental para el desarrollo económico y social, un entorno laboral tóxico dentro de los tribunales contradice los principios mismos del estado de derecho.
Fuentes locales indican que el silencio sobre estos casos ha permitido que las dinámicas se perpetúen. Sin mecanismos de denuncia efectivos o sin una cultura institucional que priorice la integridad sobre la lealtad ciega a un jefe, estas situaciones continúan occurring tras puertas cerradas. La advertencia del aspirante a la SCJ sirve para recordar que la meritocracia en el servicio civil judicial no puede coexistir con prácticas de hostigamiento.
Es imperativo que las instituciones judiciales adopten políticas claras y sancionen estas conductas sin ambigüedades. La reforma a los procedimientos internos debe incluir la creación de comités de ética independientes y canales de denuncia seguros para proteger tanto a las víctimas como a los denunciantes. Solo así se podrá garantizar que el Poder Judicial sea un espacio de dignidad humana, donde el respeto por la persona prevalece sobre cualquier jerarquía.
En conclusión, las palabras pronunciadas en el Palacio Nacional reflejan una necesidad urgente de acción gubernamental y judicial. El combate al acoso laboral y sexual no es solo una cuestión de derechos humanos internos, sino un requisito indispensable para mantener la legitimidad del sistema de justicia dominicano frente a sus ciudadanos.
Pieza editorial original inspirada en información reportada públicamente. Fuente de referencia: ver enlace.