La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) ha lanzado una severa advertencia a las autoridades dominicanas, calificando la reciente derogación del Decreto 693-24 como un golpe directo y devastador para la producción nacional de arroz. Este documento regulatorio, que establecía barreras arancelarias temporales, era esencial para permitir que los agricultores locales pudieran recuperar competitividad frente a las importaciones baratas. Su eliminación, según la entidad gremial, expone inmediatamente al sector agropecuario a una competencia desleal que pone en jaque la viabilidad económica de miles de familias campesinas.
El riesgo para la seguridad alimentaria
En un contexto donde la República Dominicana busca fortalecer su autonomía energética y alimentaria, la decisión de retirar estas protecciones se percibe como un retroceso estratégico. La Confederación recuerda que el decreto original tenía una vigencia condicionada hasta que el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria determinara lo contrario. Ahora, ante la incertidumbre sobre cuándo y si se reactivarán estas medidas, los productores enfrentan el temor de que las importaciones masivas desplacen a los granos cultivados en el campo nacional, incrementando la dependencia externa del país.
Para el sector rural dominicano, el arroz no es solo un commodity más; es parte fundamental de la canasta básica de la población y una fuente vital de ingresos para las comunidades donde se cultiva. La Confenagro solicita con urgencia al Gobierno explicar qué mecanismos alternativos adoptará para blindar a los productores contra esta nueva realidad comercial. Sin respuestas concretas, el escenario parece apuntar hacia una erosión progresiva del mercado interno, donde el precio del arroz podría verse distorsionado por volúmenes de importación que saturan la demanda local.
Impacto en el empleo y la economía rural
Más allá del impacto directo en los agricultores de arroz, la derogación tiene repercusiones sistémicas en toda la cadena de valor agropecuaria. La producción nacional requiere una logística compleja que involucra desde el procesamiento hasta la distribución en las comunidades. Si los precios caen por la competencia extranjera no regulada, muchas pequeñas y medianas empresas podrían ver comprometida su rentabilidad, lo que inevitablemente derivaría en recortes de personal y desempleo rural.
Fuentes locales indican que la agricultura es uno de los sectores más vulnerables a las fluctuaciones externas. La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios argumenta que el Estado tiene la responsabilidad histórica de garantizar un entorno propicio para el desarrollo sostenible del campo. La ausencia de una política clara y protectora deja a los productores en una situación precaria, sin garantías para invertir en tecnología o mejorar las prácticas agrícolas necesarias para aumentar la productividad.
Ante esta coyuntura crítica, la entidad gremial insta a las autoridades a priorizar el interés nacional sobre consideraciones comerciales a corto plazo que puedan dañar la base productiva del país. La seguridad alimentaria no es un concepto abstracto, sino una necesidad concreta para millones de dominicanos. Mientras el Gobierno permanece en espera de definiciones por parte del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria, los productores se mantienen en alerta máxima, esperando que las medidas adoptadas protejan el esfuerzo, la tierra y el trabajo de quienes alimentan al país.
Pieza editorial original inspirada en información reportada públicamente. Fuente de referencia: ver enlace.