Transparencia como antídoto contra el estancamiento judicial
La reciente sinceridad del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, al admitir ante la sociedad dominicana que nuestro sistema judicial se encuentra colapsado por la extensa cantidad de casos enviados al proceso de fondo, marca un hito en la conversación política nacional. Esta confesión no es solo una revelación técnica; es una advertencia urgente sobre el estado de derecho que vive la nación caribeña. En un contexto donde la impunidad y los retrasos procesales son frecuentemente criticados por observadores internacionales y ciudadanos, el reconocimiento del problema por parte de la máxima autoridad judicial valida las preocupaciones que han sido reiteradas durante las entrevistas del Consejo Nacional Magisterial (CNM) para los postulados a la Sala Constitucional.
El peso de la acumulación de casos
La mención específica sobre el volumen masivo de expedientes en trámite revela una estructura operativa que ha alcanzado su punto de saturación. Cuando un sistema judicial no logra procesar sus cargas de trabajo, se erosiona la confianza ciudadana y se vulneran derechos fundamentales. El presidente Molina alude a una realidad palpable: los tribunales no tienen la capacidad actual para dar respuesta rápida a las demandas de justicia que surgen diariamente. Este desequilibrio entre la ingente cantidad de litigios y la disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos es el núcleo de la mora judicial que afecta a todo el país.
La gravedad de la situación radica en que no se trata simplemente de un retraso administrativo, sino de un fallo estructural. Si los casos permanecen colgados indefinidamente, se convierte en una forma de negación de justicia. Para el lector dominicano, esto implica que desde la menor disputa familiar hasta las causas constitucionales más complejas, el sistema está operando con una eficiencia comprometida. La pregunta reiterada en los foros del CNM —¿cómo enfrentar la mora judicial?— deja de ser retórica para convertirse en una interrogante existencial para la gobernanza actual.
El desafío de la reforma institucional
Enfrentar este desafío requiere más que declaraciones públicas; exige un plan de acción concreto y ambicioso. Las entrevistas del CNM con los candidatos a la Sala Constitucional ofrecen una ventana de oportunidad para evaluar propuestas que puedan mitigar el colapso. ¿Se propone la ampliación de la dotación? ¿La implementación de nuevas tecnologías para agilizar los procesos? ¿O se busca una reingeniería de las leyes procesales vigentes? La respuesta no puede ser evasiva. El Estado dominicano tiene la obligación moral y legal de garantizar que sus tribunales funcionen como pilares de estabilidad, no como centros de espera interminable.
La transparencia de Molina es el primer paso, pero la voluntad política para ejecutar cambios estructurales es lo que determinará el éxito de la reforma. Si los postulados seleccionados por el CNM carecen de estrategias viables para resolver este colapso, el sistema judicial seguirá hundiéndose en una crisis de credibilidad. La sociedad dominicana merece un Poder Judicial que no solo declare el problema, sino que ponga manos a la obra con la urgencia que la realidad lo exige.
En conclusión, el reconocimiento del colapso judicial es el punto de inflexión necesario para iniciar una transformación profunda. La mora procesal no puede continuar siendo el estándar de operación en República Dominicana. Los próximos meses serán determinantes: o bien se adoptan medidas drásticas para modernizar y ampliar la capacidad del sistema, o bien corremos el riesgo de ver erosionado aún más el Estado de Derecho que tanto esfuerzo hemos construido a lo largo de las últimas décadas.
Pieza editorial original inspirada en información reportada públicamente. Fuente de referencia: ver enlace.