El autor es abogado. Reside en Santo Domingo.
POR CARLOS SALCEDO
Cuando vemos la cantidad de movilizaciones y paralizaciones de labores que realizan el Colegio Médico Dominicano (CMD) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), muchas veces disfrazadas de beneficios para los pacientes y estudiantes dominicanos, nos seguimos preguntando si las exigencias de los profesores y personal médico se corresponden con la calidad del servicio que brindan y las disponibilidades presupuestarias de nuestro país.
Las asociaciones profesionales, como el CMD, son asociaciones de carácter profesional o gremial integradas por quienes ejercen las profesiones liberales de medicina, abogacía, ingeniería, arquitectura y agrimensura. Pero, están creados por ley y son entidades de derecho público. ¿Por qué?
Porque cumplen objetivos delegados por el Estado. Son estos, la ordenación y fijación de los criterios del ejercicio de las profesiones, contribuyendo a garantizar su mayor eficacia y operatividad y procurando el prestigio y perfeccionamiento; el fomento de la formación y la calidad profesional, técnica, científica y humana en los servicios que ofrecen.
Igualmente, la investigación científica en cada área; la representación de los colegiados y defensa de sus derechos; la defensa de los intereses profesionales de los colegiados; elaborar los códigos de ética profesional; y, velar por una práctica profesional íntegra, pudiendo sancionar a los colegiados que incumplan los códigos deontológicos.
Para solo poner un ejemplo, la ley 68-03, que crea el CMD manda a que sirva al Estado Dominicano de organismo consultor en materia de salud e impulsar procesos de actualización y modernización de las normativas del sector.
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), por su parte, es una entidad sindical que agrupa a los maestros, con el propósito de luchar por mejores condiciones laborales y la calidad del sistema educativo dominicano. Siendo una ONG es el Estado que le otorga la autorización para operar como fundación sin fines de lucro, al tenor de la Ley de Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro, núm. 122-05.
No dudo del nivel de preparación y compromiso de muchos médicos y profesores; pero no tengo certeza del nivel de aptitud y servicios de calidad brindados, como el que deben recibir los pacientes y estudiantes. De lo que estoy seguro es que ambas instituciones son expertas en paralizaciones y movimientos huelguistas.
Esto a pesar de que los paros solo son posibles en las empresas privadas, siempre que se ejerzan con arreglo a la ley la cual dispondrá las medidas para garantizar el mantenimiento de lo servicios públicos o los de utilidad pública (art. 62.6 de la Constitución).
La defensa de los intereses gremiales, de los profesionales de la medicina y de la educación no hay dudas que hace parte de los postulados del CMD y de la ADP; sin embargo, estos no están por encima del interés general. Los médicos y los profesores deben ser bien pagados, como de hecho, de manera progresiva, se les han venido mejorando sus salarios, elevando con ello sus niveles de vida y su dignidad.
Recursos para la infraestructura
Ahora bien, el país no se puede permitirse el lujo de que el presupuesto de salud sea para tener médicos tan bien pagados que no haya recursos para la infraestructura hospitalaria necesaria, el equipamiento adecuado de los centros públicos de salud, ni para los demás requerimientos.
Tampoco puede ser que el presupuesto de educación sea visto como una piñata adepeista, que solo satisfaga los reclamos de los profesores, sin que se correspondan con el cumplimiento de sus obligaciones de impulsar una educación de calidad en nuestro país, como es su deber institucional.
No solo es luchar por tener mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. El mejoramiento de las condiciones de los profesores debe ir al menos a la par, con lo que debería ser lo primero, la calidad de nuestra educación.
Se puede explicar, mas no justificar, que las autoridades se comprometan a lo que el país no puede en términos de recursos económicos, porque esto da peso a los reclamos de los médicos y profesores.
Estoy convencido que de seguir el camino al que llevan a las autoridades y al país el gremio médico y la ADP, tendremos profesores bien pagos y acomodados, con escuelas destartaladas y sin posibilidad de mantenimiento adecuado, sin útiles escolares, sin herramientas estudiantiles, ni desayuno ni almuerzo escolar.
En fin, tendremos educadores sin educandos o tan poco formados que no puedan servir eficientemente para un país que avanza y que necesita estudiantes y profesionales a la altura del desarrollo que queremos alcanzar.
Tendremos, igualmente, médicos mejor pagados; pero, como el presupuesto lo consumirían, en gran médida, los salarios, las pensiones y los seguros de los médicos, tendremos pacientes que deberán acudir a centros de salud privados, donde no serán atendidos por falta de recursos, porque los públicos no serían dignos para un ser humano.
Autoridades nacionales, médicos y profesores, el país necesita que ustedes se reunan, con la presencia de técnicos, nacionales e internacionales, si fuere necesario, así como representantes de instituciones y personalidades con capacidad en esas áreas como otros representantes sociales, para poder ver la realidad de la salud y la educación dominicana, sus actores, los prestadores profesionales de los servicios públicos que brindan y la realidad presupuestaria dominicana.
No podemos seguir poniendo en juego un presupuesto que debe satisfacer otros tantos derechos fundamentales y prestaciones estatales que ameritan la atención gubernamental.
Con conciencia, la mesa del diálogo sincero y veraz debe estar servida pasadas las elecciones, para generar un acuerdo nacional que genere tranquilidad y seguridad en la prestación estatal de los servicios de salud y educación que ameritan los pacientes y estudiantes, teniendo siempre presente la dignidad de los médicos y profesores, sin perder de vista la medida de nuestras arcas públicas.
jpm-am
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