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    EL AUTOR es politólogo, profesor universitario e investigador. Reside en Santo Domingo.

    Definitivamente Barrick Gold-PVDC se ha propuesto, apoyada en un contrato oneroso e indignante, direccionar la política pública minera de la República Dominicana y doblegar también al gobierno actual, aprovechando para subordinarlo, la terrible situación que impone una economía en crisis, potenciada por la pandemia del Covid 19.  

    A pesar de que Barrick Gold-PVDC está obligada, por ley y por contrato, a:  

    • Mantener sus operaciones dentro de la Reserva Fiscal Montenegro.  
    • Asegurar todo lo establecido, tanto para ella como para su contraparte, el gobierno dominicano, lo que está establecido en común en el contrato especial de arrendamiento de derechos mineros. 
    • Someterse y asegurar que su contraparte, no violenten ninguna ley, especialmente las asociadas a sus funciones naturales, como la de medio ambiente, las regulaciones fiscales y financieras, las normas penales y toda la legislación que garantice los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales.  
    • Cumplir todas las derivaciones de los convenios y pactos internacionales, así como los acuerdos, vinculantes o no, que se asuman, en interés de hacer efectivas las convencionalidades correspondientes a la multilateralidad y el derecho internacional.  

     En la realidad, sin embargo, la impunidad ha cubierto la actuación ilegal, justo desde el momento en que fue favorecida con un contrato marcado con el vicio de la ilegalidad, desde que su formalización entró en conflicto con nuestro ordenamiento constitucional y para lo cual no solo ese ingenió la “figura jurídica” de la “reserva fiscal”, sino que se estructuró un convenio entregando soberanía, patrimonio y reservas naturales.  

     Barrick Gold-PVDC es beneficiaria de un “Contrato Especial” que los legisladores/as admiten haberlo aprobado sin leerlo, tras la visita y el encuentro de George Bush, con Leonel Fernández y el trabajo de ablandamiento del funcionariado realizado por Hans Hertell, embajador de los Estados Unidos en el país.  

     Al momento de la conversión onerosa de ese acuerdo que entregó formalmente nuestras riquezas auríferas, de la mano con George Bush, el presidente Fernández dispuso la firma del contrato, subordinando el país a las gestiones de la triada integrada además, por Gustavo Cisneros y Peter Munk, integrantes además del consejo internacional del emporio. 

     En ese momento, Leonel Fernández, para asegurarse de que no hubiese dudas en la oficialización del contrato denominado especial, dijo a los/as congresistas: “Espero que los Honorables Legisladores impartan su voto aprobatorio al Acuerdo de Enmienda al Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros que someto a su consideración, cuya ejecución contribuirá grandemente a equilibrar la balanza de pago del país; así como a mejorar sus finanzas públicas”. Exactamente con estos mismos argumentos, hoy, bajo la presión externa de Mark Bristow, CEO internacional de Barrick Gold Corporation y de los grupos oligárquicos más conservadores del país, se pretende favorecer nuevamente la minera, para que maximice ganancias con la expansión.  

     Apoyados en esa realidad se pretende, en forma irregular, ilegal y precipitada, aceptar una propuesta, anunciada y puesta en movimiento, sin cambios en la reserva fiscal, sin que el gobierno la conozca previamente, sin ningún tipo de licencia, sin estudios de impacto y de factibilidad conocidos y tras haberlos anunciado hace más de un año desde Londres y por sus redes electrónicas, están forzando al gobierno recién instalado, para que viabilice una inversión de 1,300 nuevos millones de dólares, que solo aportará nuestra destrucción.  

     Dos túneles de decenas de kilómetros cada uno, una nueva “presa de cola” más grande que el embalse de relaves o Presa de Cola “El Yagal”, para extender el proyecto de explotación aurífera hacia la zona de Monte Plata, afectando la cuenca del rio Ozama y el Rio Chacuey, en una extensión que más que duplica la extensión del área de concesión en la que ya almacenan millones de toneladas de lodos tóxicos, han contaminado todos los afluentes del rio Yuna del lado este noreste y desaparecieron o envenenaron los ríos El Yagal, Maguaca, Zin, Margajita y 34 afluentes, cañadas y arroyos más. Este proyecto convertirá definitivamente el corredor de los vientos alisios que enfrían todo el ecosistema de la isla, y particularmente la principal reserva de biodiversidad del país, en un verdadero infierno.  

     Hay que decir la verdad sobre lo que es y ha sido Barrick Gold 

     La práctica de Barrick Gold-PVDC en el país está cubierta por la impunidad. Veamos: 

    • Un contrato aprobado sin leerse. 
    • Pagan 2% menos de Impuesto Sobre la Renta que los demás empresarios del país.   
    • Han realizado contrabando de oro y nadie revisa el contrato. 
    • Vende a sus empresas subsidiarias y toma préstamos de sus propios bancos.   
    • Registra pagos después que vende, haciendo a R.D. el único país que “fía” su oro.  

     Y lo peor, es que en un mundo donde la lucha por la transparencia se ha convertido en cuestión de interés público y tema obligado del derecho internacional, aquí se puede preguntar, sin encontrar respuestas claras y convincentes:  

    • ¿Quién conoce los informes financieros auditados de Barrick?  
    • ¿Cuál autorización tiene Barrick Gold-PVDC para operar fuera de su concesión? 
    • ¿Dónde están los informes trimestrales de operación de la presa de cola? 
    • ¿Quién fiscaliza la obligada inversión en remediación ambiental?  
    • ¿Quién supervisa su “responsabilidad Social”, envuelta en corrupción en Cotuí? 

    Es evidente que el gobierno, que desde el proceso de campaña, durante el periodo de transición y tras su instalación como nueva gestión, establecieron que las comunidades habían sido violentadas en sus derechos, que la realidad de la contaminación era incuestionable, que era real el peligro de las seis comunidades encadenadas desde hace tres años exigiendo su reubicación para no ser sepultadas por el eventual colapso de la Presa de Cola El Yagal, tiene que disponer un urgente giro a su intervención y salvar a Cotuí y Monte Plata del desastre, de la destrucción ecológica y socio-humana, frenando la irracionalidad de la explotación a cielo abierto y parando la voracidad minera y el incumplimiento de la ley que lleva a la violación de los Derechos Humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales.  

    JPM

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