En medio de la baraúnda por el estrepitoso interés de aprobar el proyecto de Código Penal antes de que concluya el periodo legislativo, la Cámara de Diputados aprobó antes del pestañear de un pollo tres préstamos por un monto de 485 millones de dólares.

Después de 23 años de deambular por vericuetos del Congreso, ambas cámaras legislativas acordaron sesionar días corridos al ponerse la paloma con fines de convertir en ley esa tísica pieza, quién sabe por cuáles motivos.

Lo que llama la atención es que sobró tiempo para sancionar esos tres proyectos, uno de los cuales requería adecuación técnica y jurídica para ser insertado en el Presupuesto General de 2024, en virtud de que su destino primario era el correspondiente a 2023.

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Esos empréstitos estarían dirigidos a los sectores salud y agricultura y a apoyar la gestión de riesgo provocada por efectos del cambio climático.

A final de mayo, el monto de la deuda del sector público no financiero representaba el 44.9 % del Producto Interno Bruto (PIB), y en términos absolutos US$55,755.0 millones, lo que supone un motivo de preocupación.

No se niega pertinencia a esos empréstitos, pero no urgencia, como para aprobarlos cinco días antes de concluir la legislatura última del Congreso, como tampoco se entiende que después de 23 años, se intente convertir en ley un Código Penal que no reúne las expectativas ciudadanas.

La mayoría legislativa ofrece la deplorable sensación de que el mundo se acabaría antes del 16 de agosto.