Como recordábamos recientemente, llevamos 137 años con una legislación penal objeto de algunas pequeñas modificaciones, pero persisten las ideas predominantes del momento en que fue aprobada, algo inconcebible para cualquier sociedad que no sea la dominicana.
    Que una legislación madure no es necesariamente malo, porque es una expresión de calidad, y resultó útil por muchísimo tiempo. Pero la realidad es que las sociedades cambian, y la dominicana no es la excepción, y con ellas las conductas de quienes las componen, como los tipos de delitos y crímenes.

    Más que suficiente la comprensión generalizada de que el Código Penal Napoleónico requiere una profunda actualización acorde con la sociedad actual.

    Sin embargo, desde hace 20 años un aspecto de esa legislación, relativo a algunos de los derechos de la mujer, porque la cuestión no es tan simple como para decir el aborto, ha congelado las iniciativas dirigidas a conseguir una reforma necesaria. Es más que eso, y solamente se le percibe de manera subyacente.

    Todo indica que si mañana el Congreso Nacional aprueba cualquier versión de Código Penal, indefectiblemente esa ley terminará en las salas del Tribunal Constitucional. La única posibilidad que haría más difícil esa certidumbre es si se obvia la piedra de tanto escándalo que de todas formas requiere algún régimen legal.

    En cambio, quienes participan de la manera más apasionada en los debates, no terminan de percatarse de que hay un problema metodológico en todo esto.

    Las previsiones de la Constitución sobre el derecho a la vida sugieren un estancamiento. Si bien el artículo 37 fue instituido en atención a la prohibición de la pena capital, la muerte (No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte), el precepto que lo antecede deriva en extensivo a otra dimensión (El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte).

    La única manera de respetar y salvar la norma vigente, como ha sugerido tranquilamente el presidente de la República, es recurrir a una acción colectiva, que pase por el ejercicio del sufragio universal, la realización de un referéndum que termine en una revisión de la Carta Magna.



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