SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogado de la República Dominicana depositó en la Procuraduría General de la República una querella penal en contra del presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, acusado de prevaricación, usurpación de funciones, denegación de justicia, abuso de poder y coalición de funcionarios, infracciones sancionadas por los artículos 114, 123, 124, 125, 126, 127 y 185 del Código Penal.

    La querella fue depositada por el presidente del gremio que agrupa los abogados, Miguel Surun Hernández, en compañía de una comisión de juristas.

    Hernández, denunció que Henry Molina en su condición de Presidente del Consejo del Poder Judicial, mediante resoluciones ha pretendido modificar el procedimiento de enjuiciamiento Dominicano, usurpando funciones del Congreso Nacional, manteniendo la justicia en virtual cierre, privando a todos los Dominicanos de acceso a la Justicia, derecho contemplado en la Constitución de la República.

    Agregó que el presidente de dicho Consejo también ha cometido abuso de poder, cambiando todo el sistema de justicia mediante la modificación de la estructura de administración de justicia consagradas por Ley, degradando jueces, eliminando jerarquía judicial, eliminando las jurisdicciones especializadas, en franca violación a la Ley de Carrera Judicial, vulnerando la independencia de los jueces, destruyendo su soberanía, obligándoles a no acudir a los tribunales a administrar justicia, prohibiéndoles tocar los expedientes.

    El gremio planteó en su querella que Henry Molina también está destruyendo el sistema secretarial de depósito de demandas y documentos, establecidos en la Ley 821 de organización judicial, tornando la justicia disfuncional, con lo cual pretende crear un caos para desestabilizar el sistema jurídico nacional, la economía y la paz social.

    El presidente del CARD asimismo declaró que se trata de un complot para destruir la Justicia imposibilitando el régimen de consecuencias lo que es grave, pues una Justicia que desacata sus propias decisiones pierde toda calidad ante la sociedad. 

    El gremialista denunció que la mayoría de los tribunales a nivel nacional continúan cerrados en desacato a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que ordenó su apertura.



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