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    Lima (EFE).- El caso de Camila, una menor indígena de Perú que quedó embarazada con 13 años tras ser violada por su padre y a la que la Justicia persiguió por perder al niño después de que no se le diese la opción del aborto terapéutico, llegó a manos del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

    Es la primera vez en la historia de Perú que un caso de abuso sexual contra una niña es presentado en esta instancia, según destacó este lunes el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), que lleva la defensa legal de Camila junto a la organización estadounidense Planned Parenthood.

    El objetivo de estas organizaciones y del movimiento “Niñas no madres” al acudir a este comité de la ONU es que ninguna niña en Perú o América Latina tenga que vivir de nuevo la situación que atravesó Camila, oriunda de una zona rural de los Andes peruanos.

    Para ello, demandan que el Estado peruano asuma su responsabilidad de repararla integralmente, cumplir con la provisión de aborto terapéutico y desarrollar pautas que garanticen la atención integral de las niñas en situación de embarazo producto de violencia sexual, con un enfoque intercultural y de niñez.

    Revictimizada   

    El caso de Camila es emblemático porque refleja las dificultades de las niñas y adolescentes peruanas víctimas de violación para acceder al aborto terapéutico, única modalidad de interrupción del embarazo que no está penada en Perú y que se aplica desde 1924 en caso de que la vida o salud de la gestante esté en riesgo.

    Según estudios del Ministerio de Salud de Perú citados por Promsex, las niñas entre 10 y 14 años, como era el caso de Camila, tienen cuatro veces más riesgo de morir durante el parto que una mujer adulta.

    Asimismo, un estudio regional de Planned Parenthood Global señaló que el 24 % de niñas entre 9 y 14 años que pasaron por un embarazo forzado había tenido complicaciones alrededor del momento del parto, como hemorragias e infecciones, lo que para esta organización es suficiente argumento para interrumpir la gestación.

    Aborto terapéutico negado  

    Ninguno de estos riesgos de continuar con la gestación le fue informado a Camila o a su madre, mujer quechuahablante con una severa discapacidad, después de que denunciase a su padre por las repetidas veces que la violó en su casa desde los 9 años hasta que, con 13 años, quedó embarazada.

    Tampoco hubo respuesta del hospital a pesar de que la madre de la niña solicitó la interrupción voluntaria del embarazado, pese a que esta debió haber llegado en siete días.

    El centro de salud condicionó ese servicio a la presentación de un informe médico y de una ecografía, exámenes que debieron realizarse en el mismo hospital.

    A las 13 semanas de gestación, y después de fuertes dolores, Camila tuvo una pérdida espontánea, según narra Promsex, y ahí fue cuando comenzó la revictimización, pues fue acusada de un aborto ilegal.

    Denunciada por perder al bebé  

    Una enfermera del centro de salud del pueblo donde vivía fue a visitarla en reiteradas ocasiones a su domicilio, acompañada de un efectivo policial, para forzarla a seguir sus controles prenatales.

    Esta enfermera denunció a Camila ante la Fiscalía por el delito de “autoaborto”, que contempla una pena de hasta dos años de cárcel, tras basarse únicamente en la entrevista que se le hizo a la menor meses antes en la que dijo que no quería tener al niño.

    A Camila se le consideró una “adolescente infractora” y se ordenaron diligencias de la Fiscalía que la revictimizaron, por lo que pasó de víctima a victimaria, pese a que su padre, que fue condenado a cadena perpetua, se había confesado culpable de la violación a su hija.

    No es una excepción  

    Casos como el de Camila no son una excepción en Perú, pues el Ministerio de Salud registró en 2019 un total de 1.303 nacimientos de madres menores de 15 años, lo que supone dos cada semana.

    Así como a Camila, a miles de niñas violadas se les impone un embarazo y maternidad forzadas que ponen en riesgo su vida y su salud física, mental y emocional, afectando de ese modo sus posibilidades de un futuro en el que pueda desarrollarse, advirtió Promsex en su comunicado.

    “El caso de Camila es un patrón del Estado. Esas falencias son una serie de vulneraciones horribles que no solo ha vivido Camila”, explicó Claudia Castro, abogada y asesora del área de Litigio Estratégico de Promsex.

    “A pesar de que al Perú se le ha recomendado aplicar la normativa en el tema de aborto, esperamos que el Estado aplique un enfoque de niñez e interculturalidad, sobre todo para víctimas de violencia sexual. Ellas necesitan una atención eficaz, de calidad y rápida, no una persecución penal ni más violencia”, añadió Castro.

    Por su parte, la directora de Programas de Promsex, Rossina Guerrero, advirtió que “lo sucedido en el caso Camila es solo una muestra de cómo el Estado peruano sigue sin establecer estándares judiciales y de salud adecuados para que las niñas víctimas de violación sexual no sean revictimizadas, pese a que ya ha sido interpelado en instancias internacionales por esta cuestión».



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