Santo Domingo.- El Reglamento de la Orden al Mérito Judicial y Administrativo Judicial, tiene como objetivo reconocer aquellos servidores judiciales que exhiban méritos mediante un alto nivel de eficiencia en el desarrollo de sus labores, tomando en cuenta su evaluación del desempeño y tiempo de servicio, su compromiso con el cumplimiento de la misión institucional y los principios éticos que nos rigen.

    El Consejo del Poder Judicial (CPJ) otorgó la Orden al Mérito Judicial y Administrativo a 12 servidores judiciales, por su destacada labor a favor del sistema de administración de justicia, su hoja de servicio e integridad.

    El galardón fue concedido durante un acto encabezado por el magistrado Luis Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, quien resaltó la trayectoria de los homenajeados como servidores del Poder Judicial.

    Los reconocidos con la distinción máxima del Poder Judicial son los magistrados Rosemary Elizabeth Veras Peña, jueza de la Primera Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte; el magistrado Manuel Ureña Martínez, juez de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata; Arelis Ricourt Socorro Ricourt Gómez, jueza de la Corte y coordinadora departamental de La Vega.

    Ana E. Jiménez Ventura, coordinadora adjunta del Departamento Judicial de Montecristi; magistrada Gladys Josefina Cepín Grullón, jueza de la Corte de Apelación de Montecristi; el magistrado Martín Atilano Alcántara Moreno, juez de la Corte de Apelación de Niños Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de Santo Domingo.

    Además, la señora Orquídea Germán Castillo, abogada ayudante de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia; señor José Antonio Feliz Feliz, alguacil de estrado del juzgado de Paz de Cabral, en el Distrito Judicial de Barahona; señor Francisco Antonio Franco Serrata, secretario de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Cristóbal.

    Asimismo, la señora Aura E. Febles Concepción, mensajera interna del Departamento Judicial de El Seibo; señor José Hernández José, conserje mensajero del Juzgado de Paz de Las Guáranas, Distrito Judicial de Duarte; licenciada Ramona Delgado Medina, secretaria de la Unidad de Servicio a la Instrucción de la Jurisdicción Penal de San Juan de la Maguana.

    Los máximos galardonados han estado laborando en la institución entre 28 y 34 años, donde han demostrado el compromiso ético e integral con el Poder Judicial en beneficio de la sociedad dominicana.

    El magistrado Luis Henry Molina felicitó a los homenajeados, al tiempo que manifestó que la justicia requiere de jueces y servidores cada vez más comprometidos con los principios éticos y la independencia judicial.

    “La conducta de todos debe ser vertical, de decencia y respeto. Lograr la excelencia en la labor judicial es un reto que todos debemos asumir”, exhortó el magistrado Molina Peña, quien estuvo acompañado en la mesa principal y posterior entrega de reconocimientos por el consejero Etanislao R. Rodríguez Ferreira.

    Las palabras de agradecimiento a nombre de los galardonados fueron pronunciadas por la magistrada Arelis Ricourt Gómez.

    En el acto, que tuvo lugar en el auditorio de la SCJ y donde se cumplió con todos los protocolos correspondientes para prevenir el COVID-19, estuvieron presentes miembros del jurado evaluador de esta premiación y funcionarios judiciales.

    Historia

    En fecha 11 de agosto de 1998, fue promulgada la Ley núm. 327-98, de Carrera Judicial, la cual, además de promover el fortalecimiento institucional del Poder Judicial, establece las normas para regular las relaciones de trabajo entre los jueces y permitir estructurar técnicamente y sobre la base de los méritos, este Sistema de Carrera Judicial.

    El Poder Judicial está integrado por servidores(as) motivados y comprometidos con la misión judicial mediante un servicio eficiente, que debe articularse alrededor de la gestión institucional y los procesos de administración del capital humano.

    Por tanto, una de las medidas para impulsar la gestión del capital humano es adoptar el sistema de estímulos e incentivos, para atender al desarrollo y bienestar de los servidores(as) judiciales y contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales.



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