Tras informar la cancelación del registro de proveedora del Estado de Kimberly Taveras, ministra de Juventud, el director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, advirtió que se exponen a persecución penal los empleados gubernamentales bajo el régimen de incompatibilidad previsto en el artículo 14 de la ley 340-06, que no obstante intenten vender al Estado, mediante familiares o testaferros. Como ahora sí hay voluntad política, tendrán que concebir nuevos subterfugios para violar la ley impunemente. Con relación a Taveras, de 33 años, cuestionada ahora su ética pública por revelaciones de Nuria Piera sobre que su impresionante patrimonio (declaró bienes por casi RD$106 millones) sería resultado de negocios públicos irregulares, Pimentel procedió según su competencia. Hemos de ver, suponemos, a otras instancias manifestarse también.

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