El pasado jueves, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció a todo el país, a través de un discurso vía los medios de comunicación, que retiraba la propuesta de nuevos impuestos enviada al Congreso Nacional para complementar el presupuesto nacional del próximo año 2021, gracias a que había llegado a un acuerdo con la empresa minera Barrick Gold, y con el sector financiero, quienes aportarán, a modo de anticipo, parte de los recursos económicos necesarios para aumentar la asignación presupuestaria al ministerio de Salud Pública hasta 107 mil millones de pesos, y para disponer de 25 mil millones de pesos para garantizar programas de ayudas sociales en favor de los sectores de menor poder adquisitivo, y que han sido impactados negativamente por la pandemia.

    Ese anuncio oficial, dado a conocer por el propio presidente de la República, fue bien recibido por toda una población que desde hacía una semana se sentía muy preocupada por la posibilidad de que se le gravara con nuevos impuestos, pues aunque desde el principio se habló de impuestos transitorios, la experiencia tributaria dominicana enseña que todos los impuestos transitorios se quedan de manera definitiva, y que si cumplido el plazo preestablecido para el desmonte del impuesto transitorio, es necesario reconsiderar ese impuesto, la reconsideración se hace siempre hacia arriba, pero nunca hacia abajo, pues en una sociedad donde los presupuestos anuales van en ascenso, lo más natural es que cada año se requiera una cantidad de recursos económicos mayor que la del año anterior.

    Pero al mismo tiempo que la comunidad nacional aplaudió el retiro de la propuesta de nuevos impuestos, la comunidad minera también aplaudió la medida en el entendido de que nueva vez la minería del oro viene al rescate de una situación financiera difícil de manejar para el gobierno nacional, siendo una nueva oportunidad donde se demuestra que la minería del oro no es tan mala como históricamente se le ha querido presentar, toda vez que la historia nos recuerda que los gobiernos de Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Hipolito Mejía y Danilo Medina, también acudieron a la modalidad de solicitud de anticipos fiscales mineros en momentos en que las finanzas públicas estaban limitadas para cumplir compromisos con la nómina pública, o limitadas para cumplir compromisos de incrementos salariales, o ante urgencias de honrar compromisos internacionales pagaderos en divisas.

    Es decir, que desde los años 70 los gobiernos dominicanos han acudido a la mina de oro de Pueblo Viejo para solicitar anticipos tributarios, toda vez que los gobiernos siempre han estado conscientes de que la alta producción de oro dominicano, en la mina de oro más grande de Latinoamérica, y la cuarta mina de oro más grande del mundo, genera suficientes recursos económicos como para permitirle a la empresa disponer de cualquier cantidad de dinero directamente desde sus cuentas bancarias, o hacerlo a través de préstamos garantizados con la producción de oro, pues, históricamente, quien produce oro en cualquier parte del mundo es sujeto de crédito en todos los bancos locales e internacionales, ya que desde la antigüedad el oro siempre ha sido el mejor instrumento de comercio en toda sociedad.

    Recordemos que en el año 2016 la minería fue el sector productivo de mayor crecimiento económico en la República Dominicana, con 26.5% del crecimiento económico total, gracias a la renegociación en el año 2013 del contrato minero Barrick, y recordemos que desde esa renegociación hasta el presente el país ya ha recibido más de 100 mil millones de pesos, pero recordemos también que conforme a datos publicados por la Dirección General de Impuestos Internos, mientras en el primer semestre de este año 2020 el Impuesto Sobre la Renta (ISR) empresarial cayó en un 38% al recibir unos 18,500 millones de pesos menos que en igual período del año 2019, y mientras el ITBIS cayó un 13% al recibir unos 8,000 millones de pesos menos que en igual período del año 2019, las recaudaciones fiscales por impuestos a la actividad minera crecieron en un 130 %, gracias a los históricos altos precios del oro en los mercados mundiales.

    De ahí que si los diferentes gobiernos han tenido que acudir, una y otra vez, a la mina de oro de Pueblo Viejo para obtener anticipos fiscales que permitan salvar difíciles momentos fiscales, y si sabemos que eso se ha repetido durante décadas, y se ha de seguir repitiendo durante décadas, lo lógico sería que los diferentes gobiernos también invirtieran suficientes recursos económicos en la exploración minera para oro, y en el desarrollo de nuevos proyectos mineros auríferos, cosa que nunca se hace, y no tener que esperar a que empresas mineras extranjeras vengan a explorar con su personal, con sus equipos y con sus tecnologías, sabiendo bien que desde la llegada de Nicolás de Ovando, quien inició aquí en 1502 la primera fiebre del oro en América, se conoce que esta isla es el territorio caribeño con mayor potencial aurífero regional, y sabiendo que hay suficiente personal calificado para desarrollar esos programas de exploración, entonces los gobiernos que solicitan anticipos a la mina de oro, también debían asignarle algunos anticipos económicos al sector minero para fines de exploración de nuevas minas de oro.



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