LA HABANA, 16 Sep.- Organizaciones afines a la oposición cubana han celebrado la petición de la Eurocámara de sanciones contra autoridades cubanas por violaciones de los Derechos Humanos, que consideran una respuesta clara por parte europea frente a la respuesta del Gobierno de Cuba a las masivas movilizaciones de mediados de julio.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha aplaudido que el Parlamento Europeo se haya posicionado a favor de algo que este movimiento ha pedido «insistentemente», como es aplicar sanciones contra «individuos e instituciones que diseñan y ejecutan la represión contra la población civil en Cuba».
«Después de las históricas protestas populares del 11 de julio pasado, es éticamente ineludible la adopción de medidas que impidan a los represores el acceso a los países miembros de la UE, así como la congelación de sus posibles bienes en la zona comunitaria», ha reclamado el director del Observatorio, Alejandro González Raga, en un comunicado.
Así, ha llamado al bloque comunitario a «pasar de las palabras a los hechos», de tal forma que se tomen medidas «contra la impunidad» al tiempo que se busca «promover cambios estructurales» en la isla. En este sentido, le preocupa el «énfasis» de los socialistas para «facilitar el acceso del régimen cubano a la financiación, por medio del Banco Europeo de Inversiones».
González Raga ve «lamentable» que se quiera entregar más dinero al régimen cubano «en medio de una ola represiva sin precedentes y de una ausencia total de reformas políticas y económicas» bajo el argumento de que «habría que hacerlo porque ya se financia a otros que también son violadores de Derechos Humanos».
Para Prisoners Defenders, una organización afín también a la oposición cubana, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel firmó en la represión de las protestas «su declive moral e ideológico y definitivo», el final de más de seis décadas «de engaño a la izquierda mundial».
«Cuba no es de izquierdas, y la izquierda europea ya no sólo lo sabe; ahora lo incorpora a su emocional colectivo», ha dicho la organización tras la votación, que considera un primer paso en la protección de ciudadanos «indefensos» ante la represión de las autoridades de la isla.
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