Las propiedades millonarias adquiridas por los generales José Manuel Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola sin cumplir, según el Ministerio Público, con los procedimientos legales, es un caso demasiado grave que amerita de una profunda investigación.
Es inconcebible que el exdirector de Cestur, Juan Carlos Torres Robiou, pudiera pagar en efectivo por propiedades millonarias adquiridas en Samaná, sin, para colmo, declarar la procedencia de los recursos. O que De los Santos Viola recibiera, en su condición de subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) 737 millones de pesos en los últimos seis años que administraba en forma discrecional.
De los Santos, quien era el jefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina acumuló, según la Procuraduría, un cuantioso patrimonio a través de la corrupción.
Las entidades encargadas de fiscalizar las operaciones financieras de empresas y personas físicas deben aclarar las inversiones que se atribuye a los imputados en los escándalos de corrupción sin cumplir con los requisitos legales.
En aras de la transparencia y en interés de establecer responsabilidades el Ministerio Público debe investigar la aparente permisividad frente a las inversiones de Torres Robiou, De los Santos Viola y demás implicados en los escándalos de corrupción Coral y Coral 5G. Las muchas incógnitas que han surgido en torno a los casos, aun fueren por debilidades del propio sistema, no pueden quedar en el aire.
