Unos ingredientes nuevos son los que, sin dudas, atizan la creciente y desafiante delincuencia de las últimas semanas.
Su caldo de cultivo es la combinación de carestía de vida y desempleo como secuelas de la pandemia, complicidad de policías con vándalos o traficantes barriales y cierta permisividad de fiscales y jueces con los delincuentes atrapados in fraganti, pero tibiamente penalizados.
La delincuencia siempre ha existido. Solo sube de grados cuando una ecuación como la anterior gravita sobre toda la sociedad y cuando la impunidad facilita su reincidencia, dejando la sensación de que no hay fuerzas que la puedan dominar.
Combatirla no solo es posible con un patrullaje más permanente y abarcador por parte de la Policía, hasta ahora bien dotada de vehículos y tecnologías, pero sin los suficientes agentes preparados en técnicas preventivas.
Para colmo, hay demasiados testimonios del contubernio de agentes policiales con jóvenes que roban, asaltan ciudadanos o trafican y consumen drogas, los que pagan “peajes” para operar libremente.
A más que depurar y modernizar a la Policía, en cuyo proceso se está ahora, también es necesario que la misma ciudadanía se empodere, sepa tomar sus precauciones y obligue a las autoridades a poner a su disposición dispositivos para la denuncia inmediata de los casos delictivos.
Delincuencia y criminalidad son caras de una misma moneda. La primera está desbordada, pero la segunda es una especie de endemia social, latente en una sociedad donde el feminicidio, la violencia doméstica y el sicariato han dejado su sello indeleble.
En una situación como la actual, donde la delincuencia callejera luce desbordada, el peligro no se minimiza mientras aquí la autoridad y la justicia sigan siendo indulgentes ante las sistemáticas violaciones a leyes y normas, el pan de cada día que daña la institucionalidad.
