Los políticos y legisladores que sirven al narcotráfico han encancerado al Estado dominicano.
Con su enorme poder económico, han doblegado a la justicia y a los estamentos llamados a ser los pilares de la seguridad nacional, la institucionalidad y la democracia.
Al encontrar cobijo en los partidos políticos que se nutren de los dineros sucios del crimen organizado, han desvirtuado el rol de estas instituciones al convertirse en sus representativos en el poder legislativo y municipal.
La hipocresía más grande es la de negar esta realidad o alegar que se desconocían las actividades non sanctas de personajes a los que el rumor público los señala como tales.
Este contubernio explica la permanente resistencia del Congreso a aprobar leyes de filtro para blindar a los partidos de la intrusión de esos delincuentes en las boletas o para aprobar una ley de extinción de dominio que les haría perder, de golpe y porrazo, todas sus fortunas.
La detención de un legislador dominicano en Estados Unidos bajo la acusación de narcotráfico es un baldón para el Congreso y para el sistema partidario, contaminados, como otras esferas de la vida nacional, por una perceptible corrupción a gran escala.
Lo penoso es que, independientemente del escarmiento judicial al legislador imputado, ninguno de los cómplices o patrocinadores de ese statu-quo pondrá sus barbas en remojo, porque aquí falta mucho tiempo para que se imponga la tolerancia cero a sus desmanes.
