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El presidente Luis Abinader canceló ayer al director del Consejo de Promoción y Apoyo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), y suspendió a la directora del Acuario Nacional, por denuncias de supuestas irregularidades y de obligar a empleados a comprar boletos en una rifa para recaudar fondos en favor de la reelección.

Las anomalías en ambas instituciones estarían vinculadas a procedimientos de compras y contrataciones, por lo que el mandatario procedió a suspender a Wanda García y destituir a Porfirio Peralta, al que también se acusa de forzar a sus empleados a participar en un sorteo pro recaudación de dinero para su movimiento político Crece.

Lo dispuesto por el Presidente se corresponde con la gravedad de los escenarios denunciados en investigaciones periodísticas y por empleados de esas dependencias en torno a violaciones a normativas administrativas, a la Ley de Función Pública y en el caso de Promipyme, a la Ley Electoral.

En cuanto a la administración del Acuario Nacional, el jefe de Estado instruyó a las direcciones de Ética e Integridad Gubernamental y de Contrataciones Públicas a iniciar las investigaciones pertinentes en torno a las denuncias sobre la comisión de supuestas irregularidades administrativas.

Obligar o forzar a servidores públicos a participar en actividades relacionadas con gestión de recursos o de cualquier naturaleza en favor de candidatos a puestos electivos, constituye una grave violación a normas éticas y regulaciones electorales, lo que justifica la destitución del director de Promipyme.

Otras denuncias divulgadas a través de medios de comunicación y redes sobre supuestas acciones en dependencias estatales que colisionan la ley de Contrataciones Públicas o con postulados de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, deberían ser objeto de la atención del despacho presidencial.

En la cercanía de la fecha de inicio formal de la campaña electoral, por órganos de control del Gobierno y del Estado deberían dormir con los ojos abiertos para impedir que funcionarios de cualquier categoría incurran en despropósitos en la administración de fondos públicos.

Los decretos de destitución y suspensión de funcionarios involucrados con escándalos públicos se reciben con beneplácito, en la esperanza de que sean apenas el principio de otras tomas de decisiones presidenciales que castiguen o impidan previsibles desenfrenos al amparo de la zafra electoral.

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