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EL AUTOR es abogado. Reside en Puerto Plata.
En un país cuya mayoría de sus ciudadanos se encuentra entre el quinto (5to) y el sexto (6to) grado de primaria, el aumento que por años se han empecinado en anunciar los gobiernos sobre la tarjeta de solidaridad, en vez de verse como lo que es (un mero fracaso), efectivamente los incautos lo ven como quiere el gobierno que se vea, como un logro.
Los últimos gobiernos se han obstinado en exhibir, como si ciertamente fuera un logro de la administración, el anuncio de que han aumentado el número de beneficiarios de ese importante programa social, cuando en realidad, ese aumento lo que significa es que más personas han sufrido un menoscabo significativo de su calidad de vida.
Es decir, mientras se siga produciendo un aumento del número de tarjetas solidaridad, es porque ha habido una caída importante en el nivel (calidad) de vida de los beneficiarios, lo que hace suponer, que esa gente es cada día más vulnerable, y, al adentrarse en un estado mayor de necesidad, no tiene otro camino que solicitar su inclusión en dicho programa social.
Aumentar el número de beneficiarios del Programa Solidaridad, en realidad es una admisión inequívoca del crecimiento de la pobreza y consecuentemente de una mayor dependencia hacia esas ayudas del Estado por parte de los más necesitados.
El día que comiencen a anunciar que, en vez de aumentar el número de personas que se benefician de ese tipo de ayudas, disminuyeron, entonces podremos inferir, que ha disminuido la pobreza, y se ha elevado la calidad de vida de los que ya no tienen necesidad de recibirlas.
Pero, los políticos 24/7, que están muy conscientes de lo que esto significa, saben que esas dependencias generan adhesiones, que la mayor de las veces se convierten en la plataforma medular con la que el partido-gobierno se encarga de construir con esas ayudas, un mercado cautivo financiado con recursos públicos.
No es casual, que a ningún gobierno le ha interesado mejorar la educación dominicana, pues ello implica erradicar tal dependencia, lo que supone poner en riesgo los beneficios electorales que de ella suelen desprenderse.
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