El gobierno no debería  colocar todas sus fichas en la mesa de la Alianza Publico Privada

Ante un entorno internacional difícil y difuso, el gobierno procura sustentar su  accionar en una férrea alianza con el sector privado que abarca casi todos los sectores de la economía e incluso del ámbito social, para lo cual emplea el fideicomiso como figura jurídica esencial en proyectos compartidos.

El presidente Luis Abinader enfatiza en promover la inversión extranjera, estimada en US$2,500 millones anuales, para que se amplié a nuevos emprendimientos en los sectores energía, puertos, aeropuertos, aerolíneas, astilleros, transporte e infraestructuras viales.

Con ese perfil de Alianza Publico Privada se proyecta la ampliación  del puerto de Manzanillo, construcción de un complejo de generación eléctrica de 800 megas,  zona franca y un astillero y una autopista en  esa región, así como  la construcción de varios hoteles y obras complementarias en Bahía de Las Águilas.

Lo que se plantea es  que el gobierno aportaría activos  como playas,  zonas portuarias, mercados desregulados, exoneraciones, exenciones fiscales y arancelarias, autonomía gerencial, y garantía soberana en tanto que el sector privado nacional o  extranjero aportaría recursos o se haría cargo de gestionar la operación de obras concluidas.

En plano esa estrategia no se ve mal, si no fuera por sus implicaciones económicas y sociales a mediano y largo plazo, como ha ocurrido con otros esquemas de capitalización o privatización en los cuales el Estado dominicano ha sido altamente perjudicado, sin que se logren los propósitos de  estimular crecimiento o desarrollo.

Es verdad que la mayoría de las naciones en vía de desarrollo se afanan por  atraer inversión extranjera, incluido Cuba, Vietnam, Nicaragua o Bolivia, pero así como el inversionista exigen garantía jurídica para la inversión, los gobiernos deberían garantizar que no canjearan oro por espejitos.

Esos mega proyectos se mercadean  como grandes generadores de  empleos, como si fuera posible que los dólares por sí solo generen riquezas sin el concurso de la mano de obra, por lo que ya debería hablarse de empleo de calidad y no de esclavismo laboral.

El gobierno no debería  colocar todas sus fichas en la mesa de la Alianza Publico Privada, sino apostar también a la ejecución de políticas económicas, monetarias y fiscales que apunten hacia la equidad y la justicia, expresada en  voluntad capacidad para garantizar empleo, salud, educación, vivienda, transporte y recreación a la población.

El gobierno debería asociar esa alianza público privada con una perentoria fiscalidad para que las enormes utilidades que generan esos sectores se reflejen en el  incremento del ingreso público, sin flagelar a la clase media con el látigo de una disimulada eficiencia tributaria.