La justificación que el gobierno ha dado a la extensión del estado de emergencia por otros 45 días aprobada por un Congreso dócil a las directrices del Palacio Nacional es inexplicable. Por un lado se nos habla del éxito en la lucha contra el covid-19 con estadísticas que muestran baja tasa de letalidad y moderada positividad y, por el otro, se restringe la actividad en el país bajo la presunción de un brote del virus en octubre.
El pretexto es asombroso porque supone el don de leer el futuro, a despecho de la notable incapacidad para prever la peste porcina africana, las alzas de precios y las causas que hoy nos retornan a los días lejanos de largos y frecuentes apagones.
Salvo la presunción de un rebrote, que cuestionaría seriamente los logros atribuidos a la campaña de vacunación y a la enorme inversión realizada para conjurar los efectos de la pandemia, no hay nada que justifique mantener al país en estado de excepción que no sea el de mantener un control de la vida del país imposible de alcanzar en circunstancias normales.
Extender las restricciones por temor a un rebrote futuro es como comprar un ataúd en septiembre por el temor a morirnos en diciembre.
Las autoridades se precian de su apego a la transparencia, pero no hay respuestas a preguntas muy sensibles en la campaña contra la crisis sanitaria, que debieron ya ser aclaradas. Por ejemplo, ¿cuántas vacunas se adquirieron y cuánto dinero se invirtió en ellas? También está pendiente de responder si las vacunas tienen fecha de expiración y si esa es la causa de la insistencia de una tercera dosis, a pesar de las objeciones expresadas por la Oficina Panamericana de la Salud.
La extensión del estado de emergencia por novena vez, abarcando el periodo constitucional actual transcurrido hasta ahora, solo demuestra que la tan cacareada transparencia gubernamental es un ideal democrático todavía inalcanzable.
