Como cualquier ciudadano, los periodistas debemos responder por nuestros excesos. Las leyes son muy claras. Y no se le puede objetar a nadie el derecho a la defensa de su honra personal. La condición de periodista no otorga ningún privilegio especial. Pretenderlo sería irracional. Al igual que toda actividad comercial, el trabajo en un medio periodístico se enmarca en la relación de empleador y empleado. Negar al primero el derecho de poner fin a esa relación cuando le resulte perjudicial, aun esté regida por un contrato, carece de fundamento.

    Ninguna libertad tiene más valor que otra. Defender la de prensa en desmedro de otras libertades, socava las bases del sistema democrático. La libertad empresarial es tan importante y válida como la que me permite expresar mis ideas, siempre en estricta observación de la ley. La fijación de los límites de responsabilidad de la prensa es una tarea que compete a los medios y al esquivar esa obligación se le ha restado credibilidad al periodismo. Si se la sigue evadiendo llegará el día en que la fije un gobierno.

    Ningún medio de comunicación, trátese de un periódico, una revista, un canal de televisión o una emisora, está obligado a publicar o aceptar un material que vaya en contra de sus principios o valores, mismo que un periodista no puede ser obligado a suscribir lo que no cree. La condición de periodista no otorga privilegio o derecho que no le asista a los demás. Tal pretensión es una de las tantas falsedades que el ejercicio irresponsable del oficio ha sembrado en la mente del ciudadano común.

    Los excesos que frecuentemente la prensa atribuye a terceros son comparables a los que con idéntica frecuencia ella incurre, a veces bajo la errónea creencia de que la libertad de prensa y expresión la exonera del cumplimiento y observación de las leyes.

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