Dice el refrán que el trago amargo se apura rápido para salir de eso, lo que parece no entender el Gobierno con la Ley 1-24 del DNI. Se le ha visto parsimonioso a espera de posibles modificaciones o quizá para ganar tiempo a ver lo que decida el Tribunal Constitucional con los recursos a mano. Olvida el Gobierno que mientras más largas con un pleito perdido en toda la línea, seguirá en la agenda como tema prioritario, y si es al TC que espera vale recordarle que tiene 30 días para remitir los reparos a las partes directamente involucradas en la ley, y luego estas disponen de al menos tres meses para dar a conocer su opinión. Bien calculado, el trago amargo lo pospondría prácticamente hasta las elecciones de mayo.
