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No es decoroso hablar de Estado Social de Derecho en un país donde los 40 centros de privación de libertad, incluidos los 22 del nuevo modelo penitenciario, tienen una tasa de hacinamiento de un 64%, equivalente a una sobrepoblación de más de diez mil privados de libertad.

Más grave aún es la estadística de que miles de prevenidos guardan prisión sin recibir medidas de coerción o haber contactado a un juez, lo que supone una especie de secuestro masivo de justiciables imputados por el Ministerio Público.

El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, reveló que la vetusta cárcel La Victoria padece la tasa más alta de hacinamiento (70%), seguida de las prisiones de Montecristi, La Vega, Cotuí, Nagua y Samaná, donde la mayoría de los internos duermen en el suelo o en camastrones sin colchonetas.

Un dato desgarrador refiere que la mayoría de los privados de libertad con enfermedades graves mueren en prisión sin que los jueces de atención permanente consideren un cambio de régimen de cumplimiento, como si lo que se procura es que se cumpla una especie de condena de muerte.

Al 31 de diciembre de 2022, más de cinco mil reclusos padecían enfermedades crónicas o graves, incluido desorden psiquiátrico, diabetes, VIH-Sida, sífilis, hipertensión, cardiopatía, afecciones de la piel, epilepsia, hepatitis y falcemia, sin que operadores del sistema ofrezcan un informe médico a los jueces de atención permanente.

El 2023 comenzó con una población carcelaria de 25 mil 711 privados de libertas, en 40 cárceles diseñadas para recibir en conjunto a 15,463, lo que indica que más de diez mil reclusos padecen condiciones de hacinamiento, ¿acaso es eso sana administración de justicia o justo régimen de consecuencia?.

Mientras la Procuraduría General mantiene al recién construido complejo penitenciario Las Parras, en condición de “cuerpo de delito”, miles de reclusos malviven en la cárcel La Victoria como si fueran animales de granja, lo que constituye flagrante violación a derechos sustantivos y humanos.

Que no se hable de “economía de renta media”, ni de “Estado Social de Derecho”, en una nación donde el sistema carcelario es un latrocinio, una farsa, integrada por ergástulas inmundas.

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