Con un pueblo insurrecto y un clima general de caos y de violencia, más el factor de peligro que encierra el rebrote del coronavirus en el país, es contraproducente reabrir nuestra frontera con Haití en las actuales circunstancias.

    Estando teóricamente cerrada desde el inicio de la pandemia hace siete meses, la frontera sigue siendo perforada por los trasiegos ilegales de hai­tianos y mercancías y ni siquiera para el caso de las personas autorizadas y documentadas hay garan­tías de estricto control de pruebas del coronavirus.

    Los cierres de frontera en todo el mundo han tenido en sentido general un carácter preventivo, hasta el punto de que por, esa causa, las restric­ciones de vuelos de aviones comerciales y cruce­ros han provocado fortísimas pérdidas económi­cas a esas empresas transportadoras.

    Estas restricciones también han afectado el tu­rismo y el comercio internacional. No son medi­das graciosas sino obligatorias para poder ejercer un mejor control en los esfuerzos por contener la expansión del virus.

    El Senado dominicano ha aprobado una reso­lución que pide al gobierno que reabra la fron­tera, minimizando los potenciales riesgos de es­ta medida, sobre todo a pocos días de iniciarse una campaña nacional de vacunación contra la influenza, la malaria y otras enfermedades fácil­mente transmisibles entre humanos.

    Al margen de estos riesgos objetivos, está la situación de volatilidad política y social de Haití, fenómeno que como ha dicho el canci­ller dominicano Roberto Álvarez, repercute de una u otra manera en la vida nacional.

    Demasiados retos tiene el país con una cri­sis de su economía que ha barrido millares de empleos y empresas, con una pandemia fuera de control y con otras urgencias para reme­diar lo perdido, como para echarse las cargas adicionales de una penetración masiva de in­migrantes ilegales haitianos con sus secuelas ya conocidas.



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