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Santo Domingo.- El exprocurador general adjunto, Otoniel Bonilla  consideró que no están dadas las condiciones para una reforma constitucional al considerar que desde ya está marcada por las sospechas, según el  proyecto presentado por el partido gobernante en el Consejo Económico y Social (CES) tiene pretensiones más ambiciosas que las anunciadas por el mandatario sobre el estatus del Ministerio Público.

En primer lugar porque el  Partido Revolucionario Moderno (PRM) no tiene los votos suficientes para impulsarla por sí solo en el Congreso Nacional, por lo se preguntó, ¿cómo logrará entonces el Gobierno conformar las mayorías requeridas para modificar la Constitución? ¿A qué mecanismos recurrirá para obtener los votos necesarios, si los dos principales partidos de oposición han dicho que no la apoyan?

En ese sentido, agregó que la reforma constitucional quedará en un manto de sospechas, con la agravante de que se da en un ambiente salpicado de denuncias recientes que atañen a prácticas similares a las que se sospecha recurrirá el Gobierno para pasar la reforma constitucional.

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Recordó que organizaciones de la oposición han denunciado al oficialismo ante la Junta Central Electoral porque están “sonsacando” a funcionarios municipales pertenecientes a esos partidos, a través de los resortes que otorga el poder.

También, la denuncia de expertos, incluso extranjeros, que da cuenta sobre las sospechas de que el Gobierno habría “comprado” los denominados Bots (cuentas falsas) en redes sociales para reseñar y destacar informaciones positivas de la gestión pública en procura de mejorar la imagen de la Administración. 

Otra acción a tomar en cuenta es que resulta imperativo abordar el asunto tomando en consideración la situación legal que encaran algunos de los congresistas llamados a aprobar las enmiendas constitucionales, pues constituye un hecho notorio que un puñado de ellos son sospechosos en investigaciones de carácter judicial abiertas por el organismo a ser reformado. Además, dicha iniciativa también incluye modificaciones en aspectos medulares del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional”.

El alcance de la reforma es también sospechoso. Resultan sospechosos los mecanismos que utilizará el Gobierno para conformar las mayorías necesarias en las Cámaras Legislativas.

“Se sospecha de las razones ocultas para variar el mecanismo constitucional de designación de los integrantes del Ministerio Público, el cual pudiera ser atribuido al Congreso Nacional ya que  algunos legisladores son sospechosos en investigaciones o acciones judiciales de distinta naturaleza que están en curso”.

Dijo, que en el actual contexto, se sospecha que el Gobierno podría pactar con individuos de un sector de la oposición sobre los cuales hay investigaciones abiertas por ser sospechosos de presuntos delitos contra la administración pública, en momentos en que recurre a prácticas extrañas  para variar voluntades de opositores y a mecanismos similares para “comprar” los llamados bots en redes sociales, con el propósito de utilizar cuentas falsas para mejorar la imagen gubernamental.

Consideró que aunque en principio lo relativo a la independencia del Ministerio Público resultaba atractivo, ha sido demostrado fehacientemente que la actual Carta Sustantiva contempla la autonomía necesaria para garantizar su independencia, al recordar el Presidente de la República solo tiene facultad para nombrar al Procurador General de la República y la mitad de sus adjuntos. Los demás integrantes del ministerio público están sometidos a un sistema de carrera, conforme a su Ley Orgánica.

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