La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó esta mañana que la resolución que sometió el senador de la Fuerza del Pueblo (FP) Dioni Sánchez para obligar a la gente a vacunarse no es legal, y por tanto los que se resisten a inocularse no están obligado a hacerlo.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, dijo que la situación del país es complicada porque hay un grupo que con razón esgrime el derecho a no vacunarse, “pero lo que ocurre es que respetar ese derecho puede contagiar a la colectividad y provocar la muerte de muchas personas”.
“Recuérdate que estamos en un estado de emergencia. De hecho, nos están restringiendo derechos con el toque de queda, y nadie ha dicho que esas medidas contravienen la Constitución”, dijo a este periodista.
Castaños Guzmán entiende que la intención del legislador de Pedernales enfrenta dos derechos de la ciudadanía: “el derecho que tiene la gente a no vacunarse, con el que tienen los ciudadanos a no ser contagiados por los que no quieren ponerse la vacuna”.
“Me refiero al hecho de que hay dos derechos fundamentales enfrentados. favorabilidad y proporcionalidad. En este caso el derecho del que no quiere vacunarse versus el derecho a los demás a no ser contagiados por el virus”, dijo.
El dirigente de Finjus explicó que lo que sí tenemos que estar claro es que “una resolución no obliga, es una exhortación, no es vinculante, no es una ley”.
También señaló que ya el presidente Luis Abinader estableció como política de Estado que su gobierno no obligará a nadie a vacunarse, a pesar del estado de emergencia en que vive el país por la pandemia.
“El derecho de los que podrían ser contagiados es legítimo porque está igualmente previsto en la Constitución. Es necesario que no haya contacto entre el no vacunado y el vacunado para evitar el contagio y consecuentemente la afectación de su salud y una posible muerte”, manifestó.
El dilema
Consideró que la proporcionalidad entre el derecho de una persona a no vacunarse y el derecho de la sociedad, o al menos de un grupo de personas, a no contraer el virus es ventajosamente favorable a la colectividad.
“De modo que no se trata de proteger o preservar un derecho a no vacunarse, sino de proteger, preservar el derecho a la salud de la mayoría”, expresó.
Añadió: “El derecho a no vacunarse si no se complace, lejos de causarle algún daño al ciudadano que se persigue le haría un bien, mientras que asumir ese derecho le podría causar graves perjuicios, incluida la muerte a quienes interactúen con ese ciudadano”.
Añadió que hay quienes sostienen que se debe de suspenderle cualquier derecho que pretenda ejercer un ciudadano poniendo en riesgo la salud de aquellos con quienes interactúa, basado en el estado de emergencia que vive el país por la pandemia.
“Estoy totalmente de acuerdo con lo que han planteado algunas personas, las ayudas sociales que da el Estado deberían estar condicionadas a que las personas que la reciben se vacunen. El Estado ha asumido como una obligación esa asistencia, en ese sentido quienes la reciben y en el marco de lo que es su deber, deberían asumir como una obligación vacunarse”, opinó.
Dioni Sánchez
El senador de Pedernales por la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, insiste en que se aplique la obligatoriedad de la vacunación en medio de esta pandemia de covid-19, y rechazó que esto sea inconstitucional como es el criterio de quienes se oponen a la resolución de su autoría que sería conocida esta semana en el Senado.
Dijo que la Ley 42-01 de Salud en su artículo 64 establece la obligatoriedad de vacunarse, aunque admite que hay criterios constitucionales que indican que no se puede someter a una persona cuando no quiere, pero que cuando se trata de los derechos colectivos a la salud y a la vida, eso está por encima de esa consideración personal.
