La experiencia, no sólo nuestra, ha demostrado hasta la saciedad que las economías centralizadas o cualquiera de sus hijastros generan estrechez y pobreza; constriñen el desarrollo y degeneran en el planeamiento de la vida ciudadana. También es cierto que una economía de mercado sin restricción alguna impide la justicia social. En la práctica ambas se asemejan. De manera que requerimos de un modelo intermedio para garantizar el principio de la distribución del poder y propiciar oportunidades más equitativas dentro de un sistema de libre concurrencia.
    La pronunciada presencia del gobierno en la actividad económica genera una peligrosa asociación de funcionarios y empresarios corruptos con los resultados que todos aquí conocemos.
    Uno de los grandes males que arrastra gobierno tras gobierno es el enorme poder discrecional de los funcionarios públicos. Esa peculiar característica del ambiente político frena el desarrollo y paraliza todo esfuerzo encaminado a elevar el nivel de transparencia de las ejecutorias en la esfera estatal. No me refiero sólo a las facultades casi monárquicas del Presidente emanadas primero del artículo 55 de la Constitución ya derogada y ahora diseminadas en el texto de la Constitución promulgada a comienzos del 2010. Me refiero por igual a la capacidad que posee cualquier burócrata. De alto, medio o bajo nivel, para detener una inversión o entorpecer un proyecto industrial, en base al más insignificante e injustificado tecnicismo o simplemente porque le viene en gana, si alguien le cae pesado o no se le atiende debidamente. La Carta Magna vigente pudo ser una oportunidad para eliminar esas y otras prácticas viciosas pero es evidente que nada de eso ha cambiado.

    El país ha sufrido siempre de una penosa debilidad relacionada con una pobre opinión pública sin eco en la esfera de decisión política. Superar esa característica constituye una de las tareas más importante dentro de la lucha a nivel institucional para consolidar el estado de derecho y mejorar el funcionamiento de las instituciones democráticas. Tan espantoso poder discrecional es una amenaza permanente contra la estabilidad presente y futura de la nación, por cuanto fomenta la corrupción, reniega de la transparencia y descuida las prioridades. Ningún funcionario público se ha visto jamás en este país obligado a rendir cuentas de su gestión y es poco probable en las circunstancias actuales que se vea precisado a hacerlo. El problema real del dominicano no es su indigencia material; es la pobreza institucional que estanca el desarrollo.

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