Gobierno, partidos y candidatos deberían hacer un alto en el intenso tráfago electoral para abordar con espíritu de autocrítica y sentido de responsabilidad el informe elaborado por Participación Ciudadana (PC) que revela graves desatinos éticos y violación a la Ley Electoral atribuidos principalmente al litoral oficialista.

Esa organización cívica no partidista presentó ayer su cuarto informe de “Observación de las elecciones” correspondiente a la campaña presidencial y congresual de 2024, en el que denuncia la utilización de la publicidad gubernamental para beneficiar a candidatos del oficialismo.

Aunque no son vicios o ilícitos que afloran exclusivamente en la presente campaña electoral, Participación Ciudadana cree necesario combatir malas prácticas del pasado, entre las que incluye el transfuguismo y la falta de transparencia en el uso de fondos públicos por los partidos.

El Gobierno está compelido a referirse a lo señalado en ese documento, de que se han utilizado “deliberadamente” recursos del Estado para influir en la preferencia del electorado, lo que viola la ley 20-23, en el párrafo 1 del artículo 210 del Régimen Electoral.

Esa entidad acusa al Gobierno de violar la ley al utilizar edificios públicos para fines de propaganda en la realización y divulgación de un documental sobre la gestión del presidente Luis Abinader y un spot publicitario sobre la seguridad en la frontera.

Un dato relevante refiere que el Poder Ejecutivo gastó en publicidad durante el trimestre enero-abril la suma de RD$3,117 millones de los RD$8,163, consignados en el Presupuesto General del Estado 2024, lo que representa seis veces y medio más que lo erogado durante el mismo periodo del año pasado.

Los partidos incurren en gran derroche de recursos en gasto de campaña y publicidad electoral, como lo consigna en su informe PC, que atribuye al PRM erogar 107 millones 900 mil pesos, a Fuerza del Pueblo 76 millones 500 mil; al Partido Reformista, RD$49,500,000 y al de la Liberación (PLD), 31 millones.

Aunque útil y bien documentado, el informe de Participación Ciudadana sobre violaciones a la ley electoral, uso de recursos públicos en favor de candidatos oficiales, transfuguismo vergonzante y derroche de dinero por los partidos, es historia repetida, carcinoma que aún se anida en el tuétano de la democracia.