Por largo tiempo la justicia se convirtió, prácticamente, en un rehén del poder político, incapaz de abordar y penalizar los grandes casos de corrupción que estallaban o se incubaban en las esferas del gobierno o del Congreso.
El caso Odebrecht, uno de los más notorios por su dimensión multinacional, es un ejemplo elocuente. Mientras presidentes, ministros y otras figuras “intocables” eran juzgados y condenados por sus implicaciones en los sobornos en diferentes países, aquí la historia resultó distinta.
Maniatada como estaba, por la sumisión a los llamados “poderes fácticos”, la justicia perdió su autoridad y credibilidad, el mismo síntoma que hoy afecta al sistema partidario que se auto-debilitó y se corrompió al ser penetrado por gentes del narcotráfico y de los negocios turbios que, como virus mutantes, también se incardinaron en otras áreas del Estado.
Ahora que el ministerio público actúa en la práctica y en las convicciones como independientes del Poder Ejecutivo, estamos presenciando el “boom” de la persecución contra la corrupción, sin miramientos de vínculos políticos o familiares, algo que hubiese sido inaudito en otros tiempos.
La carga de responsabilidad histórica que ese ministerio público tiene sobre sí lo reta a definir y propiciar un nuevo rumbo para la justicia y para el imperio de la transparencia en el manejo de los recursos públicos o privados, tarea no exenta de presiones, de posibles interferencias y hasta de las aventuras desesperadas de quienes desean cerrarle el paso a esta misión reivindicativa.
Si nuestras autoridades máximas del ministerio público, a la cabeza de las cuales está la magistrada Miriam Germán, no se amedrentan ni cogen corte frente a la natural resistencia que opondrán los que siempre se han lucrado de lo ajeno, entonces podríamos estar presenciando el inicio de una metamorfosis para cambiar impunidad y venalidad por justicia y sanción.
Con manos libres, la justicia puede operar con más determinación y libertad para quitarle al erario los nidos de garrapatas que siempre se han enquistado con el apoyo o la irresponsable omisión del poder político, y para ponerle un freno a los que meten sus manos sucias en los bienes del pueblo contando con la clásica permisividad e indulgencia de una justicia vana e inútil.
