En un escenario de “tormenta perfecta”, como el que se columbra con una combinación de inflación y trastornos pandémicos, lo más aconsejable es asumir un modelo de sobriedad y austeridad en el gasto público.
Es preciso administrar los ahorros que ha hecho el gobierno de forma que las inversiones públicas vayan dirigidas a los sectores que necesitan blindarse durante esa “tormenta perfecta”.
Esa parece ser la ruta trazada por el presidente Luis Abinader al emitir, comenzando el año, el Decreto 3-22 que propone medidas de control del gasto público.
La necesidad de optimizar el uso de los recursos públicos viene dada por el hecho, francamente admitido por el Presidente, de que el producto bruto interno del país ha sufrido una contracción a causa de la pandemia.
Aun cuando en estas encrucijadas el país pudo torear el desafío de enfrentar la pandemia y, al mismo tiempo, mantener las dinámicas de sectores decisivos de la economía, la situación actual no es tan boyante para excedernos en gastos no presupuestados.
Austeridad no significa dar un frenazo a las políticas de incentivo y protección de los sectores productivos, sino a taponar las vías del derroche, del consumismo en cosas no indispensables, del boato y las pompas con que a veces el funcionariado pretende magnificar “logros”.
Esta premisa cobra más importancia en un año en que deliberadamente se desatan las aspiraciones de poder de cara a los comicios del 2024, y el erario, según las experiencias ya conocidas, tiende a convertirse en botín o caja de los maniqueísmos electoralistas.
