República Dominicana experimenta hoy un punto de inflexión histórica matizado por la afectación de una pandemia que provocó  el desplome de la economía y un cambio repentino en los principales paradigmas de convivencia y gobernanza.

Gobierno, liderazgo político y  clase empresarial no parecen entender la trascendencia y vulnerabilidad del presente histórico ni de las consecuencias económicas y sociales que  se producirían  a causa de inobservancia, negligencia en la toma de decisiones a nivel  del gobierno, Estado, partidos o gremios empresariales.

El modelo de gobierno que debería aplicarse o promoverse debería consignar de manera imprescindible o determinante  garantía de equidad económica y justicia social, como forma de salvaguardar en tiempo de crisis la gobernanza y la institucionalidad.

El capital ha sido por siempre como un cuerpo de agua intenso o extenso que  requiere ser represado o reconducidos para  que sus caudales  rieguen  de manera horizontal,  compromiso que corresponde al gobierno garantizar a través de una fluida y justa  interacción con los grupos empresariales nacionales o foráneos.

Como ejemplos de una necesaria relación  de equidad y mutuo beneficio entre Estado y sector privado se resaltan temas como  el cuarto polo turístico, el Puerto de Manzanillo y  el complejo de generación eléctrica Punta Catalina, entre otros proyectos de gran trascendencia económica y social.

La necesidad imperiosa del gobierno  de generar empleos y de los empresarios por  incrementar  rentabilidad, no debería  desvincularse del momento de inflexión histórica que vive la nación, donde unos y otros deben aportar sacrificios en aras de conservar o consolidar gobernanza y convivencia social.

Así las cosas, al abordar  formas jurídicas de  creación de tipos de alianzas público privado, el gobierno no  debería trazarse como  estrategia vencer, sino de convencer a los diversos sectores sociales que objetan o reparan esas transacciones, como tampoco el empresariado debería incurrir en presiones excesivas.

A la ciudadanía le interesa saber con absoluta claridad cual sería el destino de los activos públicos en el proyecto Bahía de Las Águilas, estimados en un 64% de toda la inversión que se realizaría en ese polo turístico, como también  se interesa  por las letras pequeñas en todo lo relacionado con el complejo Puerto de Manzanillo.

En cuanto a Punta Catalina, encartar ese bien público en la  figura del Fideicomiso, no resulta suficiente, toda vez que la población aspira a una garantía mayor de que el Estado habría realizado un negocio apropiado, no solo en la preservación de ese activo, sino en las utilidades que genera.