La estrategia de convencer que debe trazarse el gobierno

República Dominicana experimenta hoy un punto de inflexión histórica matizado por la afectación de una pandemia que provocó  el desplome de la economía y un cambio repentino en los principales paradigmas de convivencia y gobernanza.

Gobierno, liderazgo político y  clase empresarial no parecen entender la trascendencia y vulnerabilidad del presente histórico ni de las consecuencias económicas y sociales que  se producirían  a causa de inobservancia, negligencia en la toma de decisiones a nivel  del gobierno, Estado, partidos o gremios empresariales.

El modelo de gobierno que debería aplicarse o promoverse debería consignar de manera imprescindible o determinante  garantía de equidad económica y justicia social, como forma de salvaguardar en tiempo de crisis la gobernanza y la institucionalidad.

El capital ha sido por siempre como un cuerpo de agua intenso o extenso que  requiere ser represado o reconducidos para  que sus caudales  rieguen  de manera horizontal,  compromiso que corresponde al gobierno garantizar a través de una fluida y justa  interacción con los grupos empresariales nacionales o foráneos.

Como ejemplos de una necesaria relación  de equidad y mutuo beneficio entre Estado y sector privado se resaltan temas como  el cuarto polo turístico, el Puerto de Manzanillo y  el complejo de generación eléctrica Punta Catalina, entre otros proyectos de gran trascendencia económica y social.

La necesidad imperiosa del gobierno  de generar empleos y de los empresarios por  incrementar  rentabilidad, no debería  desvincularse del momento de inflexión histórica que vive la nación, donde unos y otros deben aportar sacrificios en aras de conservar o consolidar gobernanza y convivencia social.

Así las cosas, al abordar  formas jurídicas de  creación de tipos de alianzas público privado, el gobierno no  debería trazarse como  estrategia vencer, sino de convencer a los diversos sectores sociales que objetan o reparan esas transacciones, como tampoco el empresariado debería incurrir en presiones excesivas.

A la ciudadanía le interesa saber con absoluta claridad cual sería el destino de los activos públicos en el proyecto Bahía de Las Águilas, estimados en un 64% de toda la inversión que se realizaría en ese polo turístico, como también  se interesa  por las letras pequeñas en todo lo relacionado con el complejo Puerto de Manzanillo.

En cuanto a Punta Catalina, encartar ese bien público en la  figura del Fideicomiso, no resulta suficiente, toda vez que la población aspira a una garantía mayor de que el Estado habría realizado un negocio apropiado, no solo en la preservación de ese activo, sino en las utilidades que genera.