[ad_1]

Daba por descontado que el financiamiento a partidos políticos y los sobornos pagados por Odebrecht trillarían el sendero de la impunidad de la misma manera que la desaparición del profesor Narciso González (Narcisazo) y del sofisticado centro de tecnología que operaba en el penal de La Victoria, por solo citar algunos casos. En cada uno de los escándalos aparece como elemento común el encubrimiento, esa lacra que tanto ha desacreditado el sistema judicial. Es inconcebible que a 28 años de la desaparición de Narcisazo ningún gobierno se haya atrevido a desvelar el misterio.

Si como referencia me he ido muy lejos con el caso Narcisazo, tenemos más próximo, prácticamente de estos días, el centro de retransmisión de señal de internet desmantelado a principios de febrero de este año en La Victoria. La estructura, que permitía conectarse al servicio a los residentes en los alrededores, contaba con unas 89 cámaras de vigilancia y una línea de fibra óptica. Pero hasta hoy lo único que se ha dicho es que la plataforma era operada por un reo de 32 años, de quien ni siquiera se ofreció el nombre.

Con casos tan ruidosos como el de Narcisazo y tan simples como el centro tecnológico que todavía permanecen impunes tenía fundamento no hacerse mayores ilusiones con un escándalo que embarra a la clase política como el de Odebrecht. Sin embargo, para despejar el pesimismo al respecto la coordinadora de litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, aseguró que desde 2021 existe una investigación, denominada “Odebrecht 2.0”, que ha contado con la cooperación de Brasil y otros países. Adelantó que la pesquisa incluye nuevas personas y empresas como sospechadas de las prácticas ilícitas. De los imputados en el politizado expediente solo se condenó al empresario Ángel Rondón por los pagos ilícitos de la compañía, que solo reconoció 92 millones de dólares, pero los receptores no aparecieron.

Tiempo después el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación descubrió que la constructora había omitido unos 55 millones dólares que distribuyó para siete obras y la termoeléctrica de Punta Catalina. Aunque los supuestos beneficiarios fueron identificados con unos seudónimos, a la fecha nada se sabe del escándalo. Lejos terminar la historia la propia Odebrecht se ocupó de agregar otro capítulo al reconocer en un informe a Perú que había repartido unos 10 millones de dólares para las elecciones de 2006. De sumarse los pagos la compañía tendría que compensar al Estado no solo con 184 millones a que se comprometió, sino con más de 300 en virtud del acuerdo lenidad que suscribió con las autoridades, además de identificar con pelos y señales a los favorecidos. Si hay voluntad para reclamárselo. O para echar el pleito.

[ad_2]

Source link