“Cuando la democracia se convierte en autocracia las naciones se sumergen, se desbocan, caen al precipicio y entran en la fase del subdesarrollo bajo la sombra del oportunismo y la corrupción”. 

El concepto “Captura del Estado”, es una denominación temática que se puso de manifiesto en la jerga académica desde hace varios años, conceptualizado, además, por el hecho de que en contexto, individuos o empresas aprovechan su poder, influencias, amistades o asociaciones para condicionar la acción de una agencia estatal con el propósito de instalar personas afines en los cargos claves del organismo controlado. 

Esta captura de los poderes sobre las condicionantes impuestas por los grupos dominantes, fueron catapultadas por el marco regulatorio e incontrolable de los gobiernos encabezados por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quienes condicionaron el poder con autonomía para favorecer a un grupo dominante por encima de las leyes y la distribución equitativa de los recursos públicos.

El poder dominante y la mala administración de las instituciones públicas fueron manifestaciones premeditadas mediante el secuestro del Estado para favorecer empresas privadas y definir las políticas, legislaciones y regulaciones, con el único objetivo de obtener ventajas especiales, sin considerar el peligro que representaba para ellos el atajo a la estabilidad democrática.

Con estrategias y planes bien orquestados, dirigidos a inclinar la balanza a su favor, el PLD incrementó la corrupción administrativa en la República Dominicana, mediante la sustracción del patrimonio propiedad del pueblo, violando de forma contante y sonante los derechos económicos y humanos, sumándose a ello, el deterioro de la economía, desempleo, pobreza, hambre y todo tipo de miserias. Eso no quiere decir que en los anteriores y actual gobierno no hay corrupción, porque lo de la corrupción en RD es una realidad consuetudinaria. 

La radiografía actual de nuestro país, además de haber dejado de ser democrática, por la inexistencia de mecanismos institucionales para garantizar los derechos ciudadanos, tiene la inflación y la pobreza económica como una de las más altas del mundo, mientras aquellos que se han enriquecido ilícitamente se pasean sin TON ni SON por lugares públicos y privados del país y hasta los califican de ladrones por desfalcar al Estado, sin embargo, para ellos, eso no es motivo de preocupación.

Para el PLD, la aplicación de justicia, principalmente en contra de los seguidores de expresidente, Danilo Medina, es una iniciativa que sólo busca desarticular las aspiraciones presidencialistas prevista para las elecciones del 2024. Ahora bien, ¿con qué moral este partido se atreve a proponer un candidato para terciar en dichos comicios? Si la Junta Central Electoral (JCE) y la sociedad civil aceptan esa deshonra, demuestran una vez más que el sistema democrático, con sus valores de libertad de expresión y voluntad ciudadana se siga convirtiendo en una quimera.  

La transparencia y control de la corrupción es uno de los principios que debe motorizar el actual gobierno, a través de una aplicación de justicia sin privilegios, dirigida a condenar a los corruptos con penas reales y; no solo eso, debe la Procuraduría General de la República (PGR), procurar el rescate de los cientos de miles de millones de pesos que fueron hurtados y que están en poder familiares, empresarios, amigos y allegados de Danilo Medina. 

La metástasis de la antidemocracia ha sido la manifestación de la impunidad enraizada en un partido que fue fundado con principios morales pero agenciado a la sazón con fundamentos oportunistas para dirigir el país a su libre albedrío, fuera de los cánones legales, morales y sin apego a la transparencia.

La transparencia, hoy día, ha sido impactada por la corrupción poniendo en juego la democracia, mediante el amasamiento de fortunas ilícitas que benefician a una minoría y ponen en juego el desarrollo de la mayoría.  

“Los sobornos empresariales (Transparencia Internacional), la legitimación de capitales, las mafias del crimen y los cárteles de la droga, el poder económico de clases políticas para comprar votos, la concentración de la propiedad en pocas manos bajo la máscara de Estado, la manipulación de información pública, la carga tributaria, cobros a agentes privados para sostener el peso de un Estado corrompido, y especialmente la cleptocracia, cuando los recursos públicos se consideran patrimonio propio de una élite que acumula todo el capital de la sociedad, son manifestaciones cuantitativas de la corrupción administrativa”. 

Ese manejo indecoroso de los recursos públicos es lo que tiene en tela de juicio la moral de funcionarios del pasado gobierno; que en extremo son ventilados en los tribunales penales y a la espera de que otros sean encausados por las imputaciones de corrupción.

mbaezjj@gmail.com

JPM