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    EL AUTOR es abogado. Reside en Santo Domingo.

                Algunas voces que responden a intereses privados, esto es, ajenas al interés nacional, estratégicamente han desnaturalizado la denuncia que se formuló con ocasión de una conferencia de prensa en la cual se expusieron las razones jurídicas de la inconstitucionalidad del acuerdo del prechequeo con los Estados Unidos. Las verdades que se señalaron no han podido ser contestadas hasta la fecha, pues los que sostienen la posición contraria se han limitado a indicar que el referido acuerdo es beneficioso para el turismo, evitando esgrimir argumentos jurídicos, especialmente lo relativo al anexo sobre los refugiados y, además, tratando de descalificar la denuncia. 

    Se han centrado en cuestionar éticamente a los cuatro exjueces, alegando que se habrían pronunciado sobre aspectos pendientes de ser conocidos por el tribunal al que pertenecieron, pero les resultó indiferente que a los postulantes a jueces del Tribunal Constitucional se les cuestionara sobre el prechequeo durante las entrevistas públicas ante el Consejo Nacional de la Magistratura. ¡Oh paradojas! ¿Fue antes el huevo o la gallina? Algo que si resulta inusual en un medio como el nuestro, donde prevalece la tibieza e indiferencia en cuanto a asumir responsabilidades sobre temas relevantes, es que existan personas que asuman posición.   

                En otro orden, se debe aclarar que los secretos de las deliberaciones no han sido revelados en ningún momento, así como tampoco se han formulado críticas al órgano encargado de expresar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acuerdo. Asumir una responsabilidad ciudadana ante las preguntas indiscretas, maliciosas y arteras formuladas por el Consejo Nacional de la Magistratura sobre un tema pendiente de decisión y que compromete la soberanía nacional, es un compromiso ineludible de todo buen dominicano.

     No en vano Antonio Gramsci afirmaba lo siguiente: “Odio a los indiferentes. Creo que vivir significa tomar partido. No pueden existir quienes sean solamente hombres, extraños a la ciudad. Quien realmente vive no puede ser ciudadano, no tomar partido. La indiferencia es apatía, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso odio a los indiferentes”. En ese sentido, mal podríamos los que nos opusimos a ese convenio lesivo al interés nacional permanecer ajenos frente a un tema ventilado abiertamente por el Consejo Nacional de la Magistratura en su última convocatoria.   

                El compromiso ciudadano impide pasar por alto aspectos tan sensibles al interés colectivo. Esa obligación no se extingue por haber sido miembro de ningún ente colegiado, por elevado que este fuera, máxime cuando se encuentra en juego la soberanía del país. De manera, pues, que la campaña de la que hablan sectores interesados no ha sido iniciada por los exmagistrados, ha surgido con anterioridad a la denuncia que, repito, hubiese sido imperdonable omitir luego de haberse señalado que el “nacionalismo trasnochado” había sido la causa de que un acuerdo “tan beneficioso para el pueblo dominicano” no hubiese sido aprobado.

    Y con posterioridad a la conferencia de prensa ha arreciado una campaña mediática, caracterizada por una falencia argumentativa, toda vez que no se abordan ni por asomo los aspectos nodales del acuerdo que se encuentra depositado en el Tribunal Constitucional desde el 2016. En ese sentido, resulta importante poner los puntos sobre las íes porque en este país no hay indios ni tontos de capirote como suponen sectores determinados.  

                Para aquellos que puedan albergar alguna duda todavía, solamente tienen que leer los titulares de prensa en los que se destaca la crisis social, política y económica por la que atraviesa en este momento el vecino país. Esta situación ha sido aprovechada por algunas ONGs para presionar a las autoridades dominicanas a fin de que sean flexibles para que continúen penetrando parturientas haitianas a nuestro país. El Listín Diario destaca en su primera plana de su edición del día 18 del mes en curso que las referidas ONGs enfrentan a los militares dominicanos por las repatriaciones que están obligados a realizar para evitar la sustitución de población que se viene produciendo en este lado de la isla desde que las tropas norteamericanas abandonaron el país en 1924.

    Una activista haitiana que responde al nombre de Colette Joseph Pierre declaró, en esa misma información, que los partos en los hospitales de Haití son costosos, razón por la cual vienen a este lado porque no se les cobra ni un centavo. Y solicitó mayor comprensión a las autoridades dominicanas, cuyo exceso de solidaridad raya en la indolencia, el servilismo y la sumisión más abyecta.   

                Más todavía, ese mismo matutino resaltó en su edición del 19 de este mes que las tropas dominicanas han detenido a más de 750 ilegales haitianos en las últimas horas, toda vez que prevalece una gran inestabilidad del otro lado de la frontera. Por consiguiente, al momento en que, frente a ese incontenible flujo de inmigrantes ilegales, que incesantemente penetran a nuestro territorio, se coarte la atribución del dominio reservado del Estado como lo es su potestad discrecional en materia de asilo y refugio, sencillamente habremos perdido nuestra soberanía. 

    Más claramente, desde que tengamos que consultar con los Estados Unidos nuestras políticas en temas de refugio y asilo frente al grave peligro que permanentemente nos acecha y, además, se nos imponga buscar soluciones alternativas no previstas en la Convención de Refugiados de 1951, desafortunadamente habremos sucumbido como nación.  De nada habrá servido el sacrificio de nuestros antepasados que lucharon en las Guerras de Independencia, la Restauración y las dos intervenciones norteamericanas del pasado siglo.   

                En otros términos, esta mal llamada democracia representativa que nos gastamos, la cual ha servido para enriquecer a unos pocos a expensas de las grandes mayorías, habrá culminado en estrepitoso fracaso. Sólo nos resta esperar que el Tribunal Constitucional devuelva el referido acuerdo de prechequeo o preclearance, para que puedan ser subsanados los múltiples vicios de inconstitucionalidad de que adolece, los cuales no se abordan en este artículo por lo prolijo que resultaría en un trabajo de esta naturaleza.  Ahora bien, aguardamos la esperanza de que los órganos encargados de revisar este acuerdo sean ponderados y reflexivos al adoptar una decisión definitiva, pues de ella depende salvaguardar un aspecto intangible y fundamental que ha sido objeto de asedio desde hace mucho tiempo: la soberanía. Recordemos el sacrificio de los héroes y mártires de nuestra historia, así como las estrofas más puntuales del himno nacional antes de que sea demasiado tarde. 

    JPM     

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