Es probable que para muchos el debate sobre el “Fondo de Gestión Provincial Senatorial”, el barrilito, ya ha concluido. Pero desde hace 14 años, cuando fue creado, salta a la arena pública cuando menos se espera. Es como un aguijón que emerge de la conciencia ciudadana, que se resiente y se pregunta si es justo que a un representante que no ha sido elegido para manejar recursos se le entregue una partida millonaria cada mes. Se esperaba que estos nuevos legisladores lo eliminaran.
    No menos de RD$20 millones mensuales reciben los senadores, más allá de sus ingresos ordinarios, para totalizar en doce meses RD$240 millones, para atender “necesidades sociales” de sus electores.

    Esos ingresos extraordinarios nada tienen que ver con su salario de RD$320 mil mensuales, más RD$50 mil de gastos de presentación; RD$25 mil por viáticos; otros RD$25 mil de dieta y combustible; más RD$3,500 por sesión y RD$2,000 por concurrencia a las reuniones de las comisiones, que es parte de sus obligaciones.

    No son tanto como para la administración de un gobierno municipal, pero la cifra por el barrilito de los senadores de las grandes concentraciones urbanas es mayor que la asignación mensual de decenas de municipios y juntas distritales.

    Que se entreguen esos montos a los senadores es una carga para las finanzas públicas, y por mucho un financiamiento adelantado para su proselitismo, que no está llamado a salir de los bolsillos de los contribuyentes. Al margen de que la misión del legislador es representar, legislar, fiscalizar, y por consiguiente, constituirse en garante de la sana administración pública.

    Pero como se ha señalado, al final, la cuestión no es sólo cómo todo eso drena los recursos de la República, los aportes de los contribuyentes, es, a fin de cuentas, una cuestión ética.

    No está bien, y los senadores deben ser los primeros –en este momento que vivimos- en proponer la eliminación de ese gasto.

    Además, no se dan cuenta que si ese derroche se mantiene, en algún momento podría estimular una demanda comunitaria con profundo arraigo y hasta convertirse en una bandera de lucha ciudadana.

    Una pelea entre la sociedad y sus elegidos.



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