Durante los casi tres años de la actual gestión de Gobierno, el Poder Ejecutivo ha mantenido una relación armoniosa con el Congreso Nacional, cimentada en la coordinación con los legisladores de la Agenda Legislativa Priorizada, que coloca en lugar preponderante los proyectos que el Gobierno considera más urgentes.

El criterio, en sentido general, es extraordinariamente positivo y buen ejemplo para evidenciar que no se está improvisando y se trabaja sobre la base de un orden, siempre con el interés de impulsar las piezas que beneficien a todos los habitantes de la República Dominicana.

Empero, con todo y que el partido de gobierno es mayoría en ambas cámaras y religiosamente se consensúa y prioriza una agenda, ésta termina por convertirse en letra muerta y es frecuente la convocatoria de legislaturas extraordinarias, como ha acontecido dos veces este año, no necesariamente para adelantarla sino para al menos tratar proyectos de ley que perimirían al cierre.

Un ejemplo de lo que ha sido práctica de los congresistas es la actual agenda priorizada, anunciada a principio del año con 17 iniciativas (15 proyectos de ley, una adenda y un contrato), de cuya cantidad se aprobaron cuatro, para un anémico promedio inferior al 25%.

Forman parte del pliego pendiente la reforma del Código Penal, el proyecto de ley sobre bienes incautados, secuestrados, abandonados, decomisados y en extinción de dominio, el que regula al DNI, el de contrataciones públicas, el proyecto sobre trata de personas y la iniciativa de ley para el fomento y competitividad de la aviación civil nacional, entre otras.

Para la próxima legislatura, debido a que para la extensión de la actual no son muchas las expectativas, los señores legisladores debieran enfocarse más en la agenda priorizada.

De más estaría recordarles a las “cabezas” de ambas cámaras, independientemente de que estemos entrando en un ciclo electoral, que debieran poner más diligencia y empezar por la motivación a las comisiones que tienen proyectos en su poder para que agilicen su estudio y aprobación, en especial los que son parte del programa de “su” gobierno, y aquellos que garanticen las mejores condiciones de vida para los ciudadanos.