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Como si hubiera ley sin sanción, los partidos y movimientos políticos firmaron un “acuerdo-compromiso” con la Junta Central Electoral (JCE) con el que se comprometen a suspender acciones de campaña electoral extemporánea, pero todo se reduce a promesas porque la discusión sobre un reglamento sancionador quedó para después.

Los delegados partidarios fueron muy solícitos en identificar tipos de actividades o acciones que podrían ser definidos como actos de precampana, donde se promocionan precandidaturas y candidaturas, pero no hubo igual voluntad de aceptación cuando se mencionó el reglamento referido a las sanciones.

En lo adelante, el liderazgo partidario procurará identificar sus actividades proselitistas por estruendosas que sean “como asuntos propios a cuestiones de la democracia interna institucionales”, como ha adelantado el presidente de la JCE, Román Jáquez, que estaría permitido.

La apertura oficial de la campaña electoral está fijada para el mes de julio de 2023, pero partidos y movimientos políticos han abierto compuertas a un proselitismo anticipado que crece y se intensifica con el paso de los días.

No se niega derecho a organizaciones políticas de realizar actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional, como asambleas, congresos o juramentaciones, pero constituye una violación a la ley electoral disfrazar actos de promoción de candidaturas como si fueran misas de sanación.

Los principales partidos tienen ya un historial de campaña electoral prematura que han disfrazado como “consulta ciudadana”, “encuentro partidario” o “juramentaciones masivas”, lo que ha provocado un desbordamiento proselitista incompatible con la sanidad del proceso de organización de las próximas elecciones.

Para que ese compromiso de cese de acciones de campaña electoral extemporánea tenga algún valor se requiere que los partidos acojan sin condiciones el reglamento sancionador que estipula penalidades para las organizaciones que violen ese pacto.

No vale la pena derramar entusiasmo excesivo ante la noticia de que las instituciones partidarias acordaron a unanimidad detener la borrachera proselitista. Mejor sería aguardar al próximo jueves en la audiencia del órgano de elecciones para saber si se impondrán sanciones administrativas a los partidos violadores o si ese compromiso es sólo letra muerta.

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